CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA COHESIÓN Y DERECHOS SOCIALES

Carlos Trevilla Acebo

PRESENTACIÓN:

Poner en valor la Constitución Española, es poner en valor la democracia misma. La reflexión que aporto está sin duda alguna, condicionada por mi realidad cívica, mi experiencia política y mi responsabilidad sindical, que la sitúo en el País Vasco.

La sociedad vasca ha vivido demasiados años alimentando un victimismo estéril, confrontaciones inútiles, permanente mercadeo político en nuestra configuración institucional, que desprestigian, desestabilizan nuestro gobierno y, en parte, deslegitiman tanto nuestro entramado institucional como sus virtualidades presentes y futuras. Se puede afirmar que Euskadi vive la crisis de la crisis, en la medida en que, junto a la crisis global de la política, de la dimensión social de la democracia, de los valores colectivos, aquí todo se agudiza con la crisis de la libertas. La paz se sigue mezclando, de modo interesado y chantajista, con determinados proyectos políticos que se quieren apropiar indebidamente de ella. Se sigue confundiendo la lucha por los derechos humanos, con las diferentes alternativas que nos plantean los actuales proyectos políticos. Pero, sobre todo, es preocupante la práctica ausencia de debate sobre los modelos de sociedad, es decir, el papel de las políticas públicas para contribuir al bienestar colectivo.

En tiempos de crisis y déficits de valores colectivos, mi reflexión quiere responder a los siguientes problemas:

1. La separación de ética y política, profundización de los valores sociales y morales de la Constitución.
2. La institucionalización del darwinismo social y progresivo recorte del estado de bienestar, forma y modelo político de institucionalización de la solidaridad.
3. El crecimiento del individualismo posesivo y crisis de los valores colectivos.
4. El triunfo del pensamiento único económico, intento de indeferenciación de políticas e instauración del compromiso ideológico.
5. La centralidad del debate de identidades nacionales y déficit político del debate de modelos de sociedad.

1.- CONSTITUCIÓN Y SINDICALISMO.

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SINDICAL

En tiempos de turbulencia y de confrontación de los "marcos constitucionales", reflexionar sobre la relación existente entre el sistema democrático y el sindicalismo es un ejercicio útil para poner en valor y positivizar el actual marco político.

En estos últimos tiempos he tenido la desagraciada obligación cívica de volver a manifestarme en defensa de la libertad sindical, dada la anormalidad y asimetría democrática de la sociedad vasca, frente a quienes utilizan la amenaza y el terror para imponer su modelo totalitario de sociedad negando el pluralismo y el derecho a la diferencia. Y, lo he hecho en bastante soledad y con significativas ausencias. Sentí nostalgia y añoranza del pasado, del compromiso colectivo en la conquista de las libertades. Por ello, considero más necesario que nunca, en la desvertebrada, polarizada y dividida sociedad vasca, de la que no es ajeno el ámbito socio-laboral, la recuperación de la cultura de negociación, pacto y acuerdo que hizo posible hace 25 años el actual marco constitucional.

Detrás del espíritu de consenso de 1978 estaba aquel lúcido y angustiado mensaje de Azaña del año 38, expresión de un útil y cívico patriotismo constitucional: "Cuando de nuevo a las generaciones futuras les hierva la sangre iracunda, que se acuerden de los muertos, que les hablan desde la luz tranquila de las estrellas y les mandan el mensaje de la patria eterna: Paz, piedad y perdón". Quienes asumimos "voluntariamente" el compromiso cívico de la recuperación de las libertades, valoramos de modo muy intenso la constitucionalización de nuestros derechos cívicos y en concreto de la actividad sindical y los derechos laborales de los trabajadores.

La Constitución del 78 no se conformó con reconocer el derecho de los trabajadores a formar sindicatos (art. 28.1) y a constitucionalizar sus instrumentos de acción, la negociación colectiva (art. 37.1) y la huelga (art. 28.2 ), así como la participación en la empresa (art. 129), sino que realiza un reconocimiento de los sindicatos en el Titulo Preliminar, convirtiéndoles en instituciones básicas del sistema constitucional. Son actores sociales con capacidad de transformación democrática de la sociedad. Su misión es la defensa de los intereses sociales de los trabajadores y cuantos intereses generales exhiben por el hecho de serlo. Esto hay que ponerlo en relación directa con otros preceptos constitucionales que les convierte en sujetos de derecho en la defensa del interés general. Esto excluye que la acción política sea atribuida en régimen de monopolio a los partidos políticos. Así, en defensa de la dimensión política de la acción sindical, el catedrático de Derecho del Trabajo C. Palomeque afirma que " la actividad o actuación sindical no sólo no está constitucionalmente vedada al sindicato, sino que dispone de un significado anclaje en el sistema de la Constitución". De ahí, la irreversible expansión de los objetivos sindicales a áreas y zonas que anteriormente se habían entendido de exclusivo significado político y ajenas a la actividad sindical, tales como, educación, sanidad, fiscalidad, vivienda, urbanismo, políticas económicas.

La función contractual y la gestión de las reivindicaciones de contenido profesional ha sido y sigue siendo la tarea básica del sindicato. A esto hay que añadirle el rol político y la necesaria interlocución y actuación del sindicato frente a los poderes públicos, como institución en la defensa de interés general. Este papel constitucional tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la legalidad de las diferentes convocatorias de huelgas generales, dada la función y competencia en la defensa del interés general de los trabajadores.

Posteriormente, para desarrollar el marco constitucional se elaboró la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que contempló la especificidad y el pluralismo sindical con total respeto a la realidad autonómica, reconociendo el carácter de sindicatos más representativos, tanto en el ámbito estatal como en el de comunidad autónoma, expresión de nuestro pluralismo constitucional.

Este es el marco en el que se ha ejercido la actividad sindical. Me identifico con V. Navarro que califica nuestra transición de incompleta y sobre todo de inmodélica. No olvidemos que hacemos sindicalismo en el sur de Europa, con escasas practicas políticas socialdemócratas y débiles culturas de participación . La debilidad de la izquierda y las concesiones obligadas a realizar por la conquista de las libertades democráticas se pusieron de manifiesto en la papel subalterno del sindicalismo y el peaje a pagar por su consolidación. Recordamos además que el sindicalismo confederal de ámbito estatal situó la consolidación de la democracia como objetivo prioritario por encima de un conjunto de reivindicaciones legitimas y propias para hacer frente tanto a la inestabilidad democrática como a la profunda crisis económica. Quienes no se implicaron en la constitución del nuevo marco de relaciones laborales, se beneficiaron del desgaste de los demás.

En este contexto de inestabilidad democrática de crisis económica, de primacía de lo político, de ausencia de un marco de participación institucional, es en el que hay que situar las diferentes formas de concertación y diálogo social. En el comienzo se perseguía, entre otros objetivos, la estructuración de un marco consensuado de relaciones laborales y la afirmación del protagonismo de los interlocutores sociales. El Estatuto de los Trabajadores supuso la primera experiencia de "legislación negociada" en la construcción de una nueva regulación laboral democrática, que fuera capaz de evitar un antagonismo social incompatible con el necesario consenso y racionalización de la conflictividad laboral. Aquí se puede explicar una de las causas de la pérdida de capacidad de movilización de las centrales sindicales y los costos de su institucionalización a través de los procesos de concertación.

La institucionalización sindical, las luces y sombras de la concertación social, los límites de la misma y los obligados procesos de confrontación con los diferentes gobiernos, que se concretaron en las convocatorias de huelga general -conviene recordar la emblemática movilización generalizada del 14-D-, son expresiones de lo que venimos denominando 25 años de sindicalismo en libertad. Tampoco podemos olvidar que un rasgo característico de las dominantes políticas neoliberales ha sido su confrontación con los sindicatos. El neoliberalismo es en sí mismo la negación del consenso y la concertación social. Es sinónimo de americanismo y darwinismo social, que trata de llevarse por delante todo eso que en el acerbo comunitario hemos venido denominando "modelo social europeo". Estas políticas han debilitado, erosionado e intentado vaciar de contenido social nuestro actual marco constitucional. Flexibilizar, desregular son sinónimos de recorte de derechos individuales y colectivos.

El escritor uruguayo E. Galeano , en el Libro de los Abrazos escribía: " A nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea". Sin democracia económica, la democracia política se convierte en meramente formal. Los sindicatos constitucionalmente son un instrumento central de la institucionalización política y de la democratización social. El papel constitucional del sindicalismo es atractivo e importante y hay que defenderlo por el bien de todos y, en todos los marcos y ámbitos. Estar a la altura de las circunstancias es seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y el contenido social de nuestra democracia. La Constitución, lejos de estar agotada, tiene un largo recorrido en el desarrollo efectivo de los derechos sociales en ella plasmados. El Estado de Derecho es el espacio reglado de convivencia de los diferentes y de los distintos, tanto para el ejercicio de los derechos individuales como colectivos. Sin libre actuación del sindicalismo, no hay democracia política.

2.- CONSTITUCIONALISMO SOCIAL. CONSTITUCIÓN Y CIUDADANÍA

A la hora de reflexionar sobre la Constitución Española y su contribución a la cohesión cívica y social, me vienen a la memoria unas declaraciones que la entonces presidenta del CRL belga realizó, a comienzos de los noventa, ante la pregunta sobre las señas de identidad de la ciudadanía belga. Respondía, con sencillez, que los elementos que hacían que un ciudadano belga se identificara como tal eran la Corona, la Liga de Fútbol, las pensiones, el seguro de desempleo y las relaciones laborales. Se me quedó grabado hasta tal punto, que lo he interiorizado como una clave importante para cualquier tipo de análisis político o estrategia social.
La Constitución de 1978 nos dota de un marco jurídico que el británico T.H. Marshall teorizó de forma coherente como la triple dimensión de la Ciudadanía: En primer lugar la Ciudadanía Civil, que abarca los derechos necesarios para la libertad individual (de la persona, de expresión, de pensamiento, de creencia, de propiedad, derecho a la justicia...); en segundo lugar la Ciudadanía Política, que abarca los derechos necesarios para participar en el ejercicio del poder político (libertad de reunión, de prensa, de elegir y ser elegido, libertad de constitución de partidos políticos, libertad sindical...) y por último la Ciudadanía Social, que abarca los derechos necesarios para una existencia decente y mínima en el plano económico el derecho al trabajo, derecho al bienestar material, a un salario base, ingresos mínimos garantizados, subsidio familiar, igualdad de oportunidades... y a la seguridad (derecho a la salud, a la pensión, protección contra riesgos...).

El gran triunfo del movimiento obrero en las diferentes Constituciones europeas, también en la española, ha sido el reconocimiento del paso del Estado Liberal al Estado Social con la consiguiente conquista de la Ciudadanía Social para los trabajadores. Un breve repaso a los contenidos sociales de nuestra Constitución nos lo demuestra. Se establecen los necesarios elementos correctores al papel del mercado desde los " Poderes Públicos", su supeditación a las exigencias de la economía general (art. 38) , al interés general y el papel de la iniciativa pública para garantizarlo con sus recursos (art. 128), para contribuir a la equiparación del nivel de vida (art. 130), con la creación del Consejo económico y Social con el fin de apoyar los proyectos de planificación (art. 131), la institucionalización de los Sindicatos (art. 7), el derecho al trabajo (art.35), con un mandato a los poderes públicos de realizar una política de pleno empleo (art. 40.1), el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37), el aseguramiento de la protección social a la familia (art. 40), la Seguridad Social pública y la prestación por desempleo (art. 41), unas pensiones adecuadas con actualización periódica (art. 50), el derecho a la Sanidad Pública (art. 43), a la vivienda, marcando la conveniencia de regular el uso del suelo para impedir su especulación( art. 47) y como botón de muestra final el art. 129.2 contempla el fomento de la creación de sociedades cooperativas, la promoción de la participación de los trabajadores en la empresa y el acceso de los mismos a la propiedad de lo medios de producción.

El reconocimiento formal de derechos políticos y sociales obliga a realizar políticas institucionales que los garanticen. Lo expresa muy bien H. Heller cuando hace ya más de medio siglo afirmaba: "Sin homogeneidad social la más radical igualdad civil, se convierte en la más radical desigualdad y la democracia formal en la dictadura de la clase dominante".

Y llegó el triunfo monopolizador de la ideología neoliberal, el cambio del campo de juego con la globalización, la separación de las decisiones políticas democráticas de los flujos económicos y financieros y el cuestionamiento y reconversión del Estado de Bienestar, abandonando progresivamente su función redistributiva y aseguradora de los derechos económicos y sociales.

En la actualidad asistimos a un debate prácticamente unidimensional sobre las llamadas "identidades nacionales" que arrincona e incluso tapa los problemas más cercanos a la ciudadanía: empleo, trabajo, protección social, vivienda, fiscalidad... Da la impresión de que la Constitución Española es solamente el Titulo VIII o que la ciudadanía política se puede mantener sin ciudadanía social o que todos los ciudadanos pertenecemos al estamento social de los satisfechos y seguros. Hablar y defender el patriotismo constitucional y a la vez practicar políticas del mal llamado "Estado mínimo", es caer simple y sencillamente en un nefasto nacionalismo patriotero mas propio del pasado que de practicar un constitucionalismo útil, cívico, vertebrador, cohesionador e incluyente que garantice la ciudadanía completa: la política y la social.

Volvamos a la reflexión belga y analicemos políticas concretas. Como afirmación general se comprueba que el Estado no reduce su intervención en la economía sino que la modifica. Su papel ha cambiado a través de las diferentes políticas estructurales. en lugar de legislar para regular el mercado lo que esta haciendo el Gobierno del Partido Popular es otorgar al mercado mayor autonomía respecto de la política. Asistimos a un renovado intervensionismo liberal, lo que algunos denominan, con acierto, " la economización de la política", "la privatización del Estado y la Política", bajo el slogan "todo al servicio de los poderes económicos que son los que crean riqueza y empleo".

Uno de los elementos más significativos de la política del PP lo constituye la situación en que van quedando los mecanismos de redistribución a través de las diferente reformas estructurales (desregulación, desreglamentación y privatizaciones). Se puede afirmar que la ciudadanía social se está erosionando a pesar de casi una década de crecimiento económico ininterrumpido. El trabajo y el empleo se han degradado, en cantidad y en calidad. El gasto en protección social se va reduciendo y la desconvergencia social con Europa es creciente, aumentando la brecha social al 7% del PIB. La diferentes reformas fiscales reducen la capacidad de equidad y progresividad fiscal . La aportación del Estado a la Seguridad Social y a la Protección por Desempleo es cada vez menor. Tenemos un sistema de pensiones en el que 5,5 millones de pensionistas cobran menos de 600 euros. Se nos quitan recursos sociales para hacer regalos fiscales a los más poderosos y seguir haciendo propaganda del saneamiento de nuestras finanzas públicas, ya que la ausencia de gasto público es la mejor receta para el estimulo del sector privado. Este es el nuevo modelo despótico de dominación: "Todo para los poderosos y ... sin el pueblo". Como ejemplo tenemos el sector de la Construcción, cuasi oligárquico, con unos precios de vivienda que dificulta el derecho a la misma y con una burbuja inmobiliaria, de la que nos ha advertido el FMI.

La mejor manera de fortalecer nuestra Constitución es a través de su desarrollo y cumplimiento completo, tanto en su dimensión institucional política como en su dimensión social. No cabe estabilidad política sin estabilidad social, no cabe ciudadanía política sin ciudadanía social. Adelgazar la función redistributiva del Estado es descohesionar y desvertebrar España y caminar hacia la anorexia de la ciudadanía social. Patriotismo constitucional y políticas neoliberales que recortan y amputan derechos constitucionales son incompatibles. No es extraño que U. Beck nos plantee la disyuntiva. Capitalismo o Libertad. La desafección de la política en la medida en que los debates políticos se alejan de los problemas vitales de la ciudadanía tiene mucho que ver con debates superestructurales que están arrinconando o anulando la dimensión social de nuestra Constitución.

3.- TRABAJO DECENTE, SOCIEDAD DECENTE Y VIDA DECENTE. Flexibilidad y Sociedad del Conocimiento

Procedo de un mundo de relaciones laborales en el que nos hemos hecho especialistas en el reparto de la renta material, de la distribución de la riqueza. No obstante, en este nuevo siglo va a debatirse fundamentalmente el reparto de la renta inmaterial, la del Conocimiento.

La Cumbre de Lisboa trató de establecer justamente una estrategia que tuviera como objetivo central la Sociedad del Conocimiento. Esta expresión pretende designar un conjunto de cambios sociales y económicos vinculados a la expansión de una nueva generación de tecnologías de la información y de la comunicación (Internet, Intranet, Multimedia, etc.)

La organización de la economía, los cambios en la organización del trabajo, la dinámica del empleo están siendo radicalmente condicionados por este nuevo factor. La información y el conocimiento se están convirtiendo en los factores de producción mas determinantes.

En esta evolución hacia una Economía basada en el Conocimiento existen grandes oportunidades. Una de las mas importantes es la educación a lo largo de la vida. Los expertos hablan de la superación del determinismo social y la transición o transformación de la carrera profesional en la denominada "inserción laboral sucesiva".

Pero los riesgos son también importantes. El primero es el de la exclusión. En una sociedad en la que no solamente el trabajo, sino también el acceso a la cultura y al ejercicio de ciudadanía se hacen tributarios de la información y de la comunicación, el problema del analfabetismo funcional adquiere toda su dimensión. Incluso, en un país como Francia, el 20% de la población es analfabeta funcional. Esto se viene denominando "brecha digital", que no hace referencias a nuevas y mágicas desigualdades, sino que se relaciona con la forma en que las tecnologías de la información ahondan y multiplican las desigualdades sociales preexistentes.

Otro riesgo importante es la polarización entre diferentes modelos de organización del trabajo y las distintas formas de trabajo flexible. La brecha de la exclusión social es una brecha en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo. No perdamos de vista que en el trabajo transcurre una parte esencial de la vida de las personas y del desarrollo de las relaciones sociales. La herramienta que mejor simboliza el cambio es la "descentralización productiva", es decir, la fragmentación del ciclo productivo y la externalización de las fases y funciones de la actividad productiva. El trabajo se convierte en trabajos y la flexibilidad de la mano de obra en un imperativo de la gestión empresarial. Se pasa de la uniformidad a la diversidad organizativa, con la consiguiente diferenciación, fragmentación y segmentación de los trabajadores.

Robert Reich, divide a los trabajadores entre analistas simbólicos, trabajadores de rutina y servicio a personas. En la misma línea, Robert Boyer habla de tres categorías: asalariados polivalentes, profesionales y trabajadores precarios. El fenómeno de la precarización supone un cambio en la posición del trabajador en la empresa y en el conjunto de las relaciones laborales.

Analizar la precariedad desreguladora es sinónimo de analizar las consecuencias de una flexibilidad que se ejecuta a través de mecanismos individuales, impuestos y en definitiva es la expresión del incremento del poder discrecional del empresario. La excesiva precariedad del empleo, la baja productividad, las dificultades y el retraso para que la mujer se incorpore al empleo, el acortamiento de la vida laboral, el escaso nivel de formación y cualificación, y la inhibición del trabajador respecto a la realidad y desafíos de las empresas son todas las expresiones o consecuencias de una concepción que ha canalizado la flexibilidad a través de mecanismos individuales y no colectivos.

En España, la flexibilidad "se aplica" individualmente, en formas de contratos temporales que implican despidos continuos y baratos, o se aplica unilateralmente por las empresas en utilización de las variadas prerrogativas legales que han establecido las sucesivas reformas, lo que, en definitiva, supone también una vía de aplicación individual. En España la flexibilidad apenas "se ejerce" colectivamente. Este es el problema. Es de ese enfoque, que ha promovido un tratamiento individual y unilateral de la flexibilidad, del que se derivan precariedad, falta de implicación del trabajador en la empresa, imposible conciliación de la vida laboral, nulo esfuerzo en formación y baja productividad.

La flexibilidad no está "integrada" realmente en el modelo laboral (del que también forman parte los trabajadores y los sindicatos), porque se impone desde fuera, a través del marco legal o del poder empresarial. Es siempre algo exógeno, y por lo tanto imposible de internalizar. Sólo un ejercicio colectivo de la flexibilidad puede permitir dar respuestas más eficaces, más útiles en un contexto de competitividad incrementada, de globalización. Las dos vías para ello son: la participación de la empresa y la negociación colectiva (incluido el diálogo social).

En cuanto a la participación de la empresa, hay que destacar que España carece por completo de un modelo de participación de los trabajadores en las empresas. Pero siendo así, no existiendo mecanismos de participación, ¿cómo se puede aunar flexibilidad e implicación? ¿cómo responder (colectivamente) al reto de formación? ¿cómo articular sistemas de organización del trabajo que faciliten la conciliación de la vida? ¿cómo elevar la productividad?.

Respecto a la negociación colectiva, también hay mucho que decir y hacer. Se le han dado, sobre el papel, desde la reforma del 94 unas competencias casi ilimitadas. Pero en ausencia de respuesta a esa innumerable serie de cuestiones, se le ha otorgado capacidad de actuación unilateral del empresario: no es este marco un verdadero aliciente para que las empresas busquen la negociación. Tantas competencias sólo pueden ser ejercidas si hay capacidad para ello. Lo que significa que, si se quiere más flexibilidad negociada en los convenios de todos los niveles, si se quiere llegar al objetivo de más negociación en el nivel de la empresa, y los sindicatos queremos vivamente todo esto, se tendrán que poner medios para poder hacerlo.

En este, como en otros aspectos, el modelo sindical de la transición llegó hace tiempo a su límite, no da más de sí, no tiene medios para atender todas las exigencias actuales, aunque quiere y necesita hacerlo. Soy consciente de la resistencia, tanto de empresarios como de sindicatos, a contractualizar la flexibilidad.

Los empresarios piden más desregulación, más facilidad para despedir, más contratos a la carta, dobles escalas salariales y, sobre todo, menos negociación colectiva, aunque digan lo contrario. Para las Relaciones Laborales y para el Sindicalismo es claro que todo lo que no está en la negociación colectiva es poder discrecional del empresario. Por ello, contractualizar la flexibilidad no es sinónimo de negociar retrocesos y recortes de derechos, sino todo lo contrario, es decir garantizarlos. El problema, como siempre, es la relación de fuerzas.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Recuperar la centralidad del trabajo frente a la ofensiva delas políticas neoliberales de desregulación progresiva de las relaciones de trabajo, núcleo central del sistema. Cuando la degradación el trabajo se convierte en la degradación del bienestar, la ciudadanía laboral es decir, contar con un trabajo decente, es condición necesaria para poder vivir con dignidad.

La apuesta por la cohesión social y la necesidad de nuevas políticas y de otras políticas. El intervensionismo neoliberal sitúa a la política al servicio de la competitividad económica. Estamos pasando del "estado social" al "estado penal". Unas políticas de bienestar insuficientes, además de una democracia incompleta, descohesionan España. Esto trae como consecuencia mas nacionalismos y mas desvertebración política. La apuesta por la economía productiva y un cambio en el modelo social, unido a otro modelo de empleo y de relaciones laborales, exige otras políticas desde el Estado que hagan posible una fiscalidad progresiva, un mayor gasto social, una convergencia real con Europa y una rehabilitación del papel de la política frente a la economía.

Recuperación del objetivo ideológico de un nuevo modelo de sociedad mas justo e igualitario. El sindicalismo y la actual fragmentación de una clase trabajadora cada vez mas dispersa y desestructurada exige buscar y encontrar banderas aglutinantes, con capacidad de movilización y de ilusión colectiva. Esto supone otra relación entre el sindicalismo y la política compartiendo horizontes estratégicos y señas de identidad de la izquierda.

Democratizar la empresa y hacer posible un nuevo pacto entre capital y trabajo que evite la individualización de la flexibilidad y haga posible la dignificación del trabajo y una competitividad positiva que respete los derechos laborales.

Replanteamiento de la concertación social y el papel institucional de los Sindicatos. Las relaciones institucionales deben ser mas permanente y menos coyunturales, mas estable, menos tácticas y más estratégicas. Un dialogo social de limitación de daños o de neutralización de retrocesos, muy instrumental y coyuntural, no fortalece ni garantiza el papel del sindicato y del sindicalismo como instrumento de igualdad y de cohesión social.

Hago mía una afirmación de Hannad Arendt "contra la falsa certeza del fracaso y de la carencia de perspectivas, afirma que la capacidad de comenzar algo nuevo pertenece a la esencia misma del quehacer político". El 25 aniversario de nuestra Constitución es un buen acontecimiento para intensificar, recuperar y rehacer nuestro compromiso y trabajo cívico.

Logroño, diciembre 2003

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XXV aniversario de la Constitución Española

Jaime Montalvo Correa
 Presidente del Consejo Económico y Social 
Miembro del Comité de Honorpara la Conmemoración de la Carta Magna

El balance general de los veinticinco años de convivencia política bajo la Constitución de 1978 es muy positivo. Creo sinceramente que esta valoración debe preceder cualquier análisis cualitativo de lo sucedido en estos años de intensa modernización, mejora y democratización de nuestra sociedad. En muchos sentidos, la Constitución fue una culminación, pero sobre todo un punto de partida con el objetivo de reconstruir una sociedad mejor. Hace ahora veinticinco años todos deseábamos superar el régimen político no democrático que teníamos, y creíamos firmemente en el futuro de nuestro país. Ese hecho se compartió por personas con distintos componentes ideológicos, todos con una conciencia muy clara de que había que evitar caer en los errores en los que había incurrido nuestro país en el pasado. Esos errores no eran sino la incomprensión y la incapacidad de búsqueda de acuerdo o de las verdades de los demás.

En el ámbito del diálogo social y las relaciones laborales, la experiencia española de estos veinticinco años ha sido también de relevancia particular, no sólo por los acontecimientos y hechos acaecidos durante este tiempo sino también por su influencia, crucial en determinados momentos, sobre el proceso global de consolidación democrática. Respecto al Consejo Económico y Social, creo sinceramente que representa probablemente una de las expresiones más destacadas del enriquecimiento de la participación política que significa la Constitución de 1978.

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DE UNA CONSTITUCION DE TODOS, A LA PATRIMONIALIZACION DEL PP

Benito Hermosilla Aguillo

Tras la muerte de Francisco Franco Bahamonde y la toma de posesión de Juan Carlos I como Rey de España, éste promete convertir a nuestra nación en un Estado de Derecho, capaz de superar las dos Españas, consecuencia de la imposición dictatorial que desde 1936 estabamos sufriendo los españoles. Así comienza la única salida posible y se desarrolla lo que todo el mundo conoce por la transición hacia la democracia, fórmula que significó una reconciliación política y social entre los españoles, arbitrándose y convocándose las primeras elecciones democráticas a celebrarse el 15 de Junio de 1977, que dan paso a las primeras Cortes Generales, cuyo principal cometido fue el elaborar un texto constitucional. Diputados y senadores conscientes de que las anteriores Constituciones españolas, fueros de corta vida, ya que siempre se hicieron desde la imposición de unos frente a la de otros.

Así comienza el proceso constituyente y se elabora una Constitución amplia, capaz de abarcar y hacer compatibles a todas las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, históricas, territoriales, culturales etc. Reconociendo los valores de Justicia, Libertad e Igualdad, así como un profundo respeto a la integridad personal y humana de todos los españoles. Recogiendo en su cCaptulo Décimo la posibilidad de su reforma, con la finalidad de poderse adaptar todavía más a las necesidades que en cada momento pueda tener el Estado, y en consecuencia poderla hacer más duradera.

El día 31 de octubre de 1978, la Constitución española es aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, con el siguiente preámbulo : "La Nación Española, deseando establecer la Justicia, la Libertad y la Seguridad y promover el bien de cuantos la integran ,en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada.

Y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacificas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra."

Tiempo pasado que me hace recordar la campaña socialista y ugetista solicitando un Si para el referéndum convocado para el día 6 de Diciembre del mismo año. Pero por aquellas fechas se escuchaban movimientos de sables entre algunos sectores militares, además algunos grupos de la derecha venían haciendo campaña en contra de la futura Constitución española, quiero recordar que José María Aznar realizaba unas declaraciones en la prensa riojana defenestrando la Constitución y con su prepotencia más tarde conocida, la atacaba diciendo que, era débil y que duraría muy poco, pero por fortuna la Constitución fue ratificada por la gran mayoría de los españoles el día 6 de diciembre y siendo sancionada por el Rey el día 27 de Diciembre de 1978.

Durante los últimos tres años estamos viendo que la derecha gubernamental viene apropiándose de la misma, y lejos del espíritu que la gestó, estos vienen encorsetandola y haciéndola rígida utilizándola como un arma arrojadiza contra todo español que disienta del sentido político de la derecha, y sin embargo la derecha viene pasando de la misma en temas tan graves como participar en una declaración de guerra sin escuchar a las cortes generales, incumpliendo el Capitulo III, o degradando las cámaras legislativas hasta llegar a convertirse en cámaras de control a la oposición en lugar de al gobierno, pero sin embargo y con gran desfachatez celebran el 25 aniversario a bombo y platillo y califican de deslealtad a quien pactan con partidos legales en Cataluña. ¡Cuánta cara hay que tener!

Haro 22 de diciembre de 2003

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CONSTITUCIÓN, VAMOS JUNTOS A BUSCARLA

Tomás Santos
Portavoz socialista en el Ayto. de Logroño

Nunca como ahora, precisamente porque vivimos tiempos convulsos, tiempos en los que se practica la imposición en lugar del consenso, la confrontación sustituye al diálogo, los conflictos ganan a la convivencia y se apuesta más por la división y la fractura social que por la integración de voluntades, repito, nunca como ahora, uno encuentra más sentido a la defensa de todo lo que supone y significa la Constitución Española, aprobada, va a hacer ya veinticinco años, por una abrumadora mayoría de ciudadanos libres, que con independencia de su edad, color, sexo, condición social o religión, entendieron que era el mejor amparo y reconocimiento legal a la garantía de sus libertades y derechos fundamentales, tanto individuales como sociales y económicos.

Una Constitución que ampara y protege el derecho a la vida y a la integridad física, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al honor, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de residencia y de circulación, a la libertad y secreto de las comunicaciones, a la libertad de expresión e información, al derecho de sindicación y asociación, de propiedad y herencia, de circulación de bienes, de libertad de empresa, de derecho a la huelga, una Constitución garante de derechos sociales pendientes aún hoy de una largo recorrido para su fiel cumplimiento, como el derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación libre y gratuita, el derecho a la protección a la familia, el derecho a un trabajo remunerado, es una Constitución que merece ser defendida y valorada como un punto de partida necesario y desde el que se pueden abordar todas las cuestiones, siempre que se tenga presente que las soluciones inmediatas a tantos y tantos problemas que aparecen y se suceden cada día no pueden ser posibles sino es con la aportación y el esfuerzo de todos.

Por eso uno tiene en estos momentos una sensación agridulce en este aniversario constitucional, cuando considerando a la Constitución como un instrumento válido para la defensa activa de la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de sus derechos, comprueba como unos la niegan y otros la tratan de patrimonializar llenándoseles la boca de Constitución, cuando curiosamente en sus orígenes no sólo pasaban de ella, sino que eran detractores activos de la misma.

Nada hay más lejos del espíritu constitucional que considerar como propio de forma excluyente para con los demás, algo que por la forma en que se gestó nos pertenece a todos. No soy nacionalista y precisamente por ellotengo igualmente claro que nada aleja más a España de su unidad que la imposición y el centralismo, porque la esencia de esa España que creemos y queremos muchos españoles, pasa precisamente por el reconocimiento de su pluralidad.

Por eso en estos momentos en los que hay quienes hablan de relecturas y modificaciones de algunos estatutos de autonomía y por extensión también del texto constitucional, permítaseme que cite unos maravillosos versos de Machado, que simbolizan, para bien, lo que supone el esfuerzo y el trabajo conjunto desde el respeto a las diferencias y la negación a las imposiciones, cuando escribe: "Tu verdad no, la verdad. Vamos juntos a buscarla, La tuya guardatela"

Logroño, diciembre 2003

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LA CONSTITUCIÓN DE TODOS

 

Vicente Urquía Almazán
Secretario General de la Agrupación Socialista de Logroño

Hemos querido, desde la Agrupación Socialista de Logroño, rendir un homenaje a la Constitución Española y a estos 25 años de democracia y libertad que el 6 de diciembre de 2003 van a conmemorarse.

Para ello, nada mejor que el debate y la reflexión sobre un texto que es, -ni más ni menos-, nuestra Ley más importante, fruto de un amplio consenso en unos momentos históricos y difíciles.

Pero también hemos querido que haya un sitio para el recuerdo, y en este libro lo vais a encontrar. Este libro tiene dos aspectos fundamentales:

El primero de ellos, una amplia reflexión del Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de la Rioja, Carlos Navajas, sobre lo que ha acontecido durante estos 25 años, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional. Es un texto objetivo, de fácil lectura, con reflexiones muy importantes sobre lo que ha ocurrido en estos años y con una pequeña recapacitación sobre el futuro deseable.

La segunda parte de este libro está compuesta por diferentes artículos de personas de la vida pública riojana y nacional que han tenido que ver con la elaboración de la Constitución y con el desarrollo de la misma, así como una colaboración especial de una joven de 23 años que no había nacido cuando se aprobó el texto y que tiene un especial interés, todos ellos profundos convencidos y defensores de lo que se ha venido en llamar el "espíritu constitucional".

Lo que se escribe permanece, y por ello este libro que tenéis en vuestras manos tiene que ocupar un lugar destacado en vuestra biblioteca y al mismo tiempo un espacio en vuestro corazón. Para ello hemos incluido la Constitución actualizada para que todavía os sea de más utilidad.

La Constitución de 1978 es la séptima Constitución que tiene España desde 1812, año en que se promulgó la primera, denominada "La Pepa", que ha sido sin duda, la más extensa en nuestra historia con 384 artículos.

Después de esa siguieron las Constituciones de 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931. Después de esta última, 40 años de dictadura dieron paso a las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 y al referéndum constitucional de 1978 que aprobó mayoritariamente la Constitución que hoy tenemos vigente.

Es pues, sin duda, la Constitución de 1978, la más duradera después de la de 1876 que duró 47 años. Estos 25 años de Constitución, por tanto, son ya un éxito de madurez y de estabilidad política con la que acabamos el siglo XX y hemos iniciado el siglo XXI dentro de un marco incomparable como la Unión Europea.

Uno recuerda especialmente el tamaño reducido y el color amarillento con el que el Gobierno de la UCD editó nuestra Constitución, la cual repartió antes del referéndum. Edición que aún conservo. Bien, pues ese ejemplar recoge una de las Constituciones más avanzadas de la Europa moderna y un instrumento fundamental para el desarrollo político de nuestro Estado.

En la elaboración de este texto tuvieron un papel muy importante, tanto el Partido Socialista como la Unión de Centro Democrático, el Partido Comunista, Convergencia y Unión, y aunque de una manera peculiar, también el Partido Nacionalista Vasco, y el único partido como tal que tuvo una posición ambivalente y que se vio públicamente en la votación en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1978 fue Alianza Popular, ya que parte de sus miembros votaron a favor, parte se abstuvieron y parte votaron en contra.

Por ello, no es de extrañar, que quien fue Secretario General de este Partido en la Rioja en este periodo, D. José María Aznar, escribiera en febrero de 1979 en el periódico "Nueva Rioja" la frase siguiente: " En determinadas ocasiones, la abstención puede estar justificada, incluso puede el caso de una abstención beligerante como en el pasado referéndum constitucional" . Con esta afirmación, queda clara cual era la visión y la opinión que de la Constitución que hoy tenemos, tenía nuestro actual Presidente del Gobierno.

Esta posición, regresiva, propia de la derecha intolerante como la que hoy nos gobierna, no se quedó ahí. Basta recordar algunos artículos de D. José María Aznar con justificaciones al golpe de estado contra Salvador Allende en Chile o llamamientos a la utilización contra ETA de todos los sistemas posibles, y así los expuso en el periódico "Nueva Rioja", al día siguiente de los atentados terroristas en Villamediana, donde decía José María Aznar " AP consideraba que había que acabar ya de una vez por todas con el terrorismo, y que todos conocían los medios que había que emplear para ello. Que no le preguntaran cuáles, pues a la vista estaban los que utilizaban en otros países". ¿Se estaría acordando de la República Federal Alemana o de Francia en aquellos momentos?

Han pasado 25 años de esto, y ahora, Aznar, llama a la Guardia Civil a defender la Constitución, se enrolla en la bandera española como si fuera suya, y sigue utilizando el problema de las autonomías y los nacionalismos de igual manera que pensaba hace 25 años. Poco ha avanzado políticamente en estos años, salvo en utilizar ahora la Constitución, que posiblemente no votó como un arma arrojadiza contra todos rompiendo y utilizando el trabajo de muchos en su egoísmo particular. Poco se separa el pensar de José María Aznar del de Gil Robles a principios de los años 30 en lo que respecta a la visión del Estado y a la utilización sectaria de la bandera.

La respuesta a esto desde la izquierda, y desde el Partido Socialista, debe ser mesurada, pero valiente. La Constitución es un valioso instrumento para todos los españoles, pero no puede ni debe ser un instrumento que se quede caduco, o que no responda a las necesidades que los ciudadanos tienen y que lógicamente cambian de unos años a otros.

Por ello, en estas fechas, debemos aprovechar para hablar, opinar y reflexionar sobre aquellos elementos que necesiten una actualización para que la Constitución pueda servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas de este país.

No se puede anteponer la situación concreta y política del País Vasco para que este debate no se realice. Es más, la Constitución no sólo es el Título 8º, sino un compendio amplio que regula y establece nuestro sistema político.

Por lo tanto, hablemos, y si de ese diálogo, que debe estar realizado desde el rigor, coincidimos de manera amplia y mayoritaria en que la Constitución debe reformarse, hagámoslo.

Estas son pues las condiciones fundamentales para que esto se realice: en primer lugar, la necesidad, y en segundo, y no menos importante, el consenso sobre estas reformas.

Nuestro Senador por La Rioja, José Ignacio Pérez, marcaba un ámbito de reforma: el título tercero referente a las Cortes Generales, en especial a la representación de las Comunidades Autónomas en el Estado y en Europa, y especialmente el papel del Senado de cara al futuro.

Coincido con él en estas apreciaciones, pues lógicamente, el Estado de las autonomías ha cambiado de una manera muy importante el poder político y el Estado Español no puede seguir actuando como un Estado centralista y con un gobierno único. Posiblemente, modelos como el alemán o el canadiense, de cooperación y de codecisión entre el Estado y las Autonomías sean referentes para esta reflexión.

Sirvan por lo tanto estas breves líneas como inicio de este libro, como homenaje a la Constitución, como recuerdo a las personas que contribuyeron a esta Ley que hoy tenemos y también como un llamamiento a hacer de la Constitución un referente de todos, que no es patrimonio de nadie y menos de quienes no confiaron en ella, pero al mismo tiempo verla como un ser vivo que necesita agua y oxígeno para poder seguir viviendo.

Logroño, diciembre 2003

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25 AÑOS DE CONSTITUCION

Carmelo Cabezón Llach
Secretario General de UGT de La Rioja

Habiendo asistido estos últimos días a diversos actos de celebración del 25 aniversario de la Constitución Española, he tenido la oportunidad de escuchar atentamente a tan diferentes personalidades como al Príncipe de Asturias, o los Secretarios Generales de CC.OO. y UGT, pasando por más de un Ministro. Sin lugar a dudas, esta es la total y absoluta evidencia de que el texto constitucional nos agrupa a todos los ciudadanos en términos de igualdad.

De forma especial, me impactó la exposición exquisitamente entrañable y humana de uno de los llamados padres de la Constitución, el Senador Solé Turá. Solé Turá restó importancia a los 25 años de la carta Magna he incidió en los próximos 25 con gran preocupación.

Ni él negó, ni yo lo voy hacer, la importancia, la gran importancia, de tan grande consenso; el de la convivencia de los españoles.

Pero comparto la preocupación de los tiempos venideros. El fenómeno de la globalización de los capitales y la intransigencia y el desprecio por los derechos humanos está consiguiendo que la mayor parte de los derechos sociales pierdan valor incluso en aquellos países que encabezaron las luchas frente al capitalismo.

La economía sumergida, que además de ser la manifestación más clara de la falta de solidaridad y del capitalismo más grosero, es la pena a la cual están condenados multitud de inmigrantes que en otros momentos de la vida se denominaba claramente como esclavitud.

Esto junto con la explotación infantil, la sobre explotación de los recursos naturales, el deterioro del medio ambiente bajo la dirección de ese capitalismo salvaje, restan cada día más valor a la raza humana, en cualquier lugar del mundo.

Si las convicciones constitucionales son claras y precisas, no deberíamos ser recelosos a cuantas modificaciones propicien mayor igualdad, desarrollo y libertad y, sobre todo, la máxima convivencia en paz de todos los ciudadanos.

La contribución fiscal en términos de igualdad, el derecho al trabajo y a la elección de oficio o profesión, la distribución de la riqueza de forma equitativa, la calidad del empleo y la tutela del mismo, la protección social suficiente en especial en situación de desempleo, la protección a la salud, al medio ambiente adecuado, a la vivienda digna, a impedir la especulación del suelo, a la garantía de las pensiones adecuadas, así como el propio reconocimiento de los sindicatos de trabajadores en nuestra Constitución, nos fortalece día a día frente a la intransigencia egoísta del poder del dinero.

Por lo tanto, más allá de la reivindicación y, atendiendo las resoluciones del Comité Confederal, máximo órgano de la Unión General de Trabajadores, queremos expresar con toda solemnidad nuestro apoyo a la Carta Magna, que encarna la recuperación de la democracia y el reconocimiento de unas libertades a cuya lucha dedicaron su vida muchas generaciones de trabajadores y sindicalistas.

Una Constitución, además, que es expresión progresista de derechos laborales básicos y de preceptos fundamentales de contenido social, como el reconocimiento al máximo nivel del hecho sindical, el establecimiento de los derechos de sindicación y huelga entre los fundamentales.

Tras veinticinco años de ejercicio democrático, la Unión General de Trabajadores considera que la gran cuestión pendiente y la mayor muestra de vitalidad y actualidad de la Constitución Española estriba en la posibilidad y capacidad de lograr el mayor grado de desarrollo efectivo de los derechos sociales en ella plasmados; en este aspecto, puede ser, de esta forma, el más valioso instrumento para la mejora de los niveles de vida de todos los riojanos y, por lo tanto, también de todos los españoles.

Logroño, diciembre de 2003

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