LA CONSTITUCION

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA COHESIÓN Y DERECHOS SOCIALES

Carlos Trevilla Acebo

PRESENTACIÓN:

Poner en valor la Constitución Española, es poner en valor la democracia misma. La reflexión que aporto está sin duda alguna, condicionada por mi realidad cívica, mi experiencia política y mi responsabilidad sindical, que la sitúo en el País Vasco.

La sociedad vasca ha vivido demasiados años alimentando un victimismo estéril, confrontaciones inútiles, permanente mercadeo político en nuestra configuración institucional, que desprestigian, desestabilizan nuestro gobierno y, en parte, deslegitiman tanto nuestro entramado institucional como sus virtualidades presentes y futuras. Se puede afirmar que Euskadi vive la crisis de la crisis, en la medida en que, junto a la crisis global de la política, de la dimensión social de la democracia, de los valores colectivos, aquí todo se agudiza con la crisis de la libertas. La paz se sigue mezclando, de modo interesado y chantajista, con determinados proyectos políticos que se quieren apropiar indebidamente de ella. Se sigue confundiendo la lucha por los derechos humanos, con las diferentes alternativas que nos plantean los actuales proyectos políticos. Pero, sobre todo, es preocupante la práctica ausencia de debate sobre los modelos de sociedad, es decir, el papel de las políticas públicas para contribuir al bienestar colectivo.

En tiempos de crisis y déficits de valores colectivos, mi reflexión quiere responder a los siguientes problemas:

La separación de ética y política, profundización de los valores sociales y morales de la Constitución.
La institucionalización del darwinismo social y progresivo recorte del estado de bienestar, forma y modelo político de institucionalización de la solidaridad.
El crecimiento del individualismo posesivo y crisis de los valores colectivos.
El triunfo del pensamiento único económico, intento de indeferenciación de políticas e instauración del compromiso ideológico.
La centralidad del debate de identidades nacionales y déficit político del debate de modelos de sociedad.

1.- CONSTITUCIÓN Y SINDICALISMO.

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SINDICAL

En tiempos de turbulencia y de confrontación de los "marcos constitucionales", reflexionar sobre la relación existente entre el sistema democrático y el sindicalismo es un ejercicio útil para poner en valor y positivizar el actual marco político.

En estos últimos tiempos he tenido la desagraciada obligación cívica de volver a manifestarme en defensa de la libertad sindical, dada la anormalidad y asimetría democrática de la sociedad vasca, frente a quienes utilizan la amenaza y el terror para imponer su modelo totalitario de sociedad negando el pluralismo y el derecho a la diferencia. Y, lo he hecho en bastante soledad y con significativas ausencias. Sentí nostalgia y añoranza del pasado, del compromiso colectivo en la conquista de las libertades. Por ello, considero más necesario que nunca, en la desvertebrada, polarizada y dividida sociedad vasca, de la que no es ajeno el ámbito socio-laboral, la recuperación de la cultura de negociación, pacto y acuerdo que hizo posible hace 25 años el actual marco constitucional.

Detrás del espíritu de consenso de 1978 estaba aquel lúcido y angustiado mensaje de Azaña del año 38, expresión de un útil y cívico patriotismo constitucional: "Cuando de nuevo a las generaciones futuras les hierva la sangre iracunda, que se acuerden de los muertos, que les hablan desde la luz tranquila de las estrellas y les mandan el mensaje de la patria eterna: Paz, piedad y perdón". Quienes asumimos "voluntariamente" el compromiso cívico de la recuperación de las libertades, valoramos de modo muy intenso la constitucionalización de nuestros derechos cívicos y en concreto de la actividad sindical y los derechos laborales de los trabajadores.

La Constitución del 78 no se conformó con reconocer el derecho de los trabajadores a formar sindicatos (art. 28.1) y a constitucionalizar sus instrumentos de acción, la negociación colectiva (art. 37.1) y la huelga (art. 28.2 ), así como la participación en la empresa (art. 129), sino que realiza un reconocimiento de los sindicatos en el Titulo Preliminar, convirtiéndoles en instituciones básicas del sistema constitucional. Son actores sociales con capacidad de transformación democrática de la sociedad. Su misión es la defensa de los intereses sociales de los trabajadores y cuantos intereses generales exhiben por el hecho de serlo. Esto hay que ponerlo en relación directa con otros preceptos constitucionales que les convierte en sujetos de derecho en la defensa del interés general. Esto excluye que la acción política sea atribuida en régimen de monopolio a los partidos políticos. Así, en defensa de la dimensión política de la acción sindical, el catedrático de Derecho del Trabajo C. Palomeque afirma que " la actividad o actuación sindical no sólo no está constitucionalmente vedada al sindicato, sino que dispone de un significado anclaje en el sistema de la Constitución". De ahí, la irreversible expansión de los objetivos sindicales a áreas y zonas que anteriormente se habían entendido de exclusivo significado político y ajenas a la actividad sindical, tales como, educación, sanidad, fiscalidad, vivienda, urbanismo, políticas económicas.

La función contractual y la gestión de las reivindicaciones de contenido profesional ha sido y sigue siendo la tarea básica del sindicato. A esto hay que añadirle el rol político y la necesaria interlocución y actuación del sindicato frente a los poderes públicos, como institución en la defensa de interés general. Este papel constitucional tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la legalidad de las diferentes convocatorias de huelgas generales, dada la función y competencia en la defensa del interés general de los trabajadores.

Posteriormente, para desarrollar el marco constitucional se elaboró la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que contempló la especificidad y el pluralismo sindical con total respeto a la realidad autonómica, reconociendo el carácter de sindicatos más representativos, tanto en el ámbito estatal como en el de comunidad autónoma, expresión de nuestro pluralismo constitucional.

Este es el marco en el que se ha ejercido la actividad sindical. Me identifico con V. Navarro que califica nuestra transición de incompleta y sobre todo de inmodélica. No olvidemos que hacemos sindicalismo en el sur de Europa, con escasas practicas políticas socialdemócratas y débiles culturas de participación . La debilidad de la izquierda y las concesiones obligadas a realizar por la conquista de las libertades democráticas se pusieron de manifiesto en la papel subalterno del sindicalismo y el peaje a pagar por su consolidación. Recordamos además que el sindicalismo confederal de ámbito estatal situó la consolidación de la democracia como objetivo prioritario por encima de un conjunto de reivindicaciones legitimas y propias para hacer frente tanto a la inestabilidad democrática como a la profunda crisis económica. Quienes no se implicaron en la constitución del nuevo marco de relaciones laborales, se beneficiaron del desgaste de los demás.

En este contexto de inestabilidad democrática de crisis económica, de primacía de lo político, de ausencia de un marco de participación institucional, es en el que hay que situar las diferentes formas de concertación y diálogo social. En el comienzo se perseguía, entre otros objetivos, la estructuración de un marco consensuado de relaciones laborales y la afirmación del protagonismo de los interlocutores sociales. El Estatuto de los Trabajadores supuso la primera experiencia de "legislación negociada" en la construcción de una nueva regulación laboral democrática, que fuera capaz de evitar un antagonismo social incompatible con el necesario consenso y racionalización de la conflictividad laboral. Aquí se puede explicar una de las causas de la pérdida de capacidad de movilización de las centrales sindicales y los costos de su institucionalización a través de los procesos de concertación.

La institucionalización sindical, las luces y sombras de la concertación social, los límites de la misma y los obligados procesos de confrontación con los diferentes gobiernos, que se concretaron en las convocatorias de huelga general -conviene recordar la emblemática movilización generalizada del 14-D-, son expresiones de lo que venimos denominando 25 años de sindicalismo en libertad. Tampoco podemos olvidar que un rasgo característico de las dominantes políticas neoliberales ha sido su confrontación con los sindicatos. El neoliberalismo es en sí mismo la negación del consenso y la concertación social. Es sinónimo de americanismo y darwinismo social, que trata de llevarse por delante todo eso que en el acerbo comunitario hemos venido denominando "modelo social europeo". Estas políticas han debilitado, erosionado e intentado vaciar de contenido social nuestro actual marco constitucional. Flexibilizar, desregular son sinónimos de recorte de derechos individuales y colectivos.

El escritor uruguayo E. Galeano , en el Libro de los Abrazos escribía: " A nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea". Sin democracia económica, la democracia política se convierte en meramente formal. Los sindicatos constitucionalmente son un instrumento central de la institucionalización política y de la democratización social. El papel constitucional del sindicalismo es atractivo e importante y hay que defenderlo por el bien de todos y, en todos los marcos y ámbitos. Estar a la altura de las circunstancias es seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y el contenido social de nuestra democracia. La Constitución, lejos de estar agotada, tiene un largo recorrido en el desarrollo efectivo de los derechos sociales en ella plasmados. El Estado de Derecho es el espacio reglado de convivencia de los diferentes y de los distintos, tanto para el ejercicio de los derechos individuales como colectivos. Sin libre actuación del sindicalismo, no hay democracia política.

2.- CONSTITUCIONALISMO SOCIAL. CONSTITUCIÓN Y CIUDADANÍA

A la hora de reflexionar sobre la Constitución Española y su contribución a la cohesión cívica y social, me vienen a la memoria unas declaraciones que la entonces presidenta del CRL belga realizó, a comienzos de los noventa, ante la pregunta sobre las señas de identidad de la ciudadanía belga. Respondía, con sencillez, que los elementos que hacían que un ciudadano belga se identificara como tal eran la Corona, la Liga de Fútbol, las pensiones, el seguro de desempleo y las relaciones laborales. Se me quedó grabado hasta tal punto, que lo he interiorizado como una clave importante para cualquier tipo de análisis político o estrategia social.
La Constitución de 1978 nos dota de un marco jurídico que el británico T.H. Marshall teorizó de forma coherente como la triple dimensión de la Ciudadanía: En primer lugar la Ciudadanía Civil, que abarca los derechos necesarios para la libertad individual (de la persona, de expresión, de pensamiento, de creencia, de propiedad, derecho a la justicia...); en segundo lugar la Ciudadanía Política, que abarca los derechos necesarios para participar en el ejercicio del poder político (libertad de reunión, de prensa, de elegir y ser elegido, libertad de constitución de partidos políticos, libertad sindical...) y por último la Ciudadanía Social, que abarca los derechos necesarios para una existencia decente y mínima en el plano económico el derecho al trabajo, derecho al bienestar material, a un salario base, ingresos mínimos garantizados, subsidio familiar, igualdad de oportunidades... y a la seguridad (derecho a la salud, a la pensión, protección contra riesgos...).

El gran triunfo del movimiento obrero en las diferentes Constituciones europeas, también en la española, ha sido el reconocimiento del paso del Estado Liberal al Estado Social con la consiguiente conquista de la Ciudadanía Social para los trabajadores. Un breve repaso a los contenidos sociales de nuestra Constitución nos lo demuestra. Se establecen los necesarios elementos correctores al papel del mercado desde los " Poderes Públicos", su supeditación a las exigencias de la economía general (art. 38) , al interés general y el papel de la iniciativa pública para garantizarlo con sus recursos (art. 128), para contribuir a la equiparación del nivel de vida (art. 130), con la creación del Consejo económico y Social con el fin de apoyar los proyectos de planificación (art. 131), la institucionalización de los Sindicatos (art. 7), el derecho al trabajo (art.35), con un mandato a los poderes públicos de realizar una política de pleno empleo (art. 40.1), el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37), el aseguramiento de la protección social a la familia (art. 40), la Seguridad Social pública y la prestación por desempleo (art. 41), unas pensiones adecuadas con actualización periódica (art. 50), el derecho a la Sanidad Pública (art. 43), a la vivienda, marcando la conveniencia de regular el uso del suelo para impedir su especulación( art. 47) y como botón de muestra final el art. 129.2 contempla el fomento de la creación de sociedades cooperativas, la promoción de la participación de los trabajadores en la empresa y el acceso de los mismos a la propiedad de lo medios de producción.

El reconocimiento formal de derechos políticos y sociales obliga a realizar políticas institucionales que los garanticen. Lo expresa muy bien H. Heller cuando hace ya más de medio siglo afirmaba: "Sin homogeneidad social la más radical igualdad civil, se convierte en la más radical desigualdad y la democracia formal en la dictadura de la clase dominante".

Y llegó el triunfo monopolizador de la ideología neoliberal, el cambio del campo de juego con la globalización, la separación de las decisiones políticas democráticas de los flujos económicos y financieros y el cuestionamiento y reconversión del Estado de Bienestar, abandonando progresivamente su función redistributiva y aseguradora de los derechos económicos y sociales.

En la actualidad asistimos a un debate prácticamente unidimensional sobre las llamadas "identidades nacionales" que arrincona e incluso tapa los problemas más cercanos a la ciudadanía: empleo, trabajo, protección social, vivienda, fiscalidad... Da la impresión de que la Constitución Española es solamente el Titulo VIII o que la ciudadanía política se puede mantener sin ciudadanía social o que todos los ciudadanos pertenecemos al estamento social de los satisfechos y seguros. Hablar y defender el patriotismo constitucional y a la vez practicar políticas del mal llamado "Estado mínimo", es caer simple y sencillamente en un nefasto nacionalismo patriotero mas propio del pasado que de practicar un constitucionalismo útil, cívico, vertebrador, cohesionador e incluyente que garantice la ciudadanía completa: la política y la social.

Volvamos a la reflexión belga y analicemos políticas concretas. Como afirmación general se comprueba que el Estado no reduce su intervención en la economía sino que la modifica. Su papel ha cambiado a través de las diferentes políticas estructurales. en lugar de legislar para regular el mercado lo que esta haciendo el Gobierno del Partido Popular es otorgar al mercado mayor autonomía respecto de la política. Asistimos a un renovado intervensionismo liberal, lo que algunos denominan, con acierto, " la economización de la política", "la privatización del Estado y la Política", bajo el slogan "todo al servicio de los poderes económicos que son los que crean riqueza y empleo".

Uno de los elementos más significativos de la política del PP lo constituye la situación en que van quedando los mecanismos de redistribución a través de las diferente reformas estructurales (desregulación, desreglamentación y privatizaciones). Se puede afirmar que la ciudadanía social se está erosionando a pesar de casi una década de crecimiento económico ininterrumpido. El trabajo y el empleo se han degradado, en cantidad y en calidad. El gasto en protección social se va reduciendo y la desconvergencia social con Europa es creciente, aumentando la brecha social al 7% del PIB. La diferentes reformas fiscales reducen la capacidad de equidad y progresividad fiscal . La aportación del Estado a la Seguridad Social y a la Protección por Desempleo es cada vez menor. Tenemos un sistema de pensiones en el que 5,5 millones de pensionistas cobran menos de 600 euros. Se nos quitan recursos sociales para hacer regalos fiscales a los más poderosos y seguir haciendo propaganda del saneamiento de nuestras finanzas públicas, ya que la ausencia de gasto público es la mejor receta para el estimulo del sector privado. Este es el nuevo modelo despótico de dominación: "Todo para los poderosos y ... sin el pueblo". Como ejemplo tenemos el sector de la Construcción, cuasi oligárquico, con unos precios de vivienda que dificulta el derecho a la misma y con una burbuja inmobiliaria, de la que nos ha advertido el FMI.

La mejor manera de fortalecer nuestra Constitución es a través de su desarrollo y cumplimiento completo, tanto en su dimensión institucional política como en su dimensión social. No cabe estabilidad política sin estabilidad social, no cabe ciudadanía política sin ciudadanía social. Adelgazar la función redistributiva del Estado es descohesionar y desvertebrar España y caminar hacia la anorexia de la ciudadanía social. Patriotismo constitucional y políticas neoliberales que recortan y amputan derechos constitucionales son incompatibles. No es extraño que U. Beck nos plantee la disyuntiva. Capitalismo o Libertad. La desafección de la política en la medida en que los debates políticos se alejan de los problemas vitales de la ciudadanía tiene mucho que ver con debates superestructurales que están arrinconando o anulando la dimensión social de nuestra Constitución.

3.- TRABAJO DECENTE, SOCIEDAD DECENTE Y VIDA DECENTE. Flexibilidad y Sociedad del Conocimiento

Procedo de un mundo de relaciones laborales en el que nos hemos hecho especialistas en el reparto de la renta material, de la distribución de la riqueza. No obstante, en este nuevo siglo va a debatirse fundamentalmente el reparto de la renta inmaterial, la del Conocimiento.

La Cumbre de Lisboa trató de establecer justamente una estrategia que tuviera como objetivo central la Sociedad del Conocimiento. Esta expresión pretende designar un conjunto de cambios sociales y económicos vinculados a la expansión de una nueva generación de tecnologías de la información y de la comunicación (Internet, Intranet, Multimedia, etc.)

La organización de la economía, los cambios en la organización del trabajo, la dinámica del empleo están siendo radicalmente condicionados por este nuevo factor. La información y el conocimiento se están convirtiendo en los factores de producción mas determinantes.

En esta evolución hacia una Economía basada en el Conocimiento existen grandes oportunidades. Una de las mas importantes es la educación a lo largo de la vida. Los expertos hablan de la superación del determinismo social y la transición o transformación de la carrera profesional en la denominada "inserción laboral sucesiva".

Pero los riesgos son también importantes. El primero es el de la exclusión. En una sociedad en la que no solamente el trabajo, sino también el acceso a la cultura y al ejercicio de ciudadanía se hacen tributarios de la información y de la comunicación, el problema del analfabetismo funcional adquiere toda su dimensión. Incluso, en un país como Francia, el 20% de la población es analfabeta funcional. Esto se viene denominando "brecha digital", que no hace referencias a nuevas y mágicas desigualdades, sino que se relaciona con la forma en que las tecnologías de la información ahondan y multiplican las desigualdades sociales preexistentes.

Otro riesgo importante es la polarización entre diferentes modelos de organización del trabajo y las distintas formas de trabajo flexible. La brecha de la exclusión social es una brecha en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo. No perdamos de vista que en el trabajo transcurre una parte esencial de la vida de las personas y del desarrollo de las relaciones sociales. La herramienta que mejor simboliza el cambio es la "descentralización productiva", es decir, la fragmentación del ciclo productivo y la externalización de las fases y funciones de la actividad productiva. El trabajo se convierte en trabajos y la flexibilidad de la mano de obra en un imperativo de la gestión empresarial. Se pasa de la uniformidad a la diversidad organizativa, con la consiguiente diferenciación, fragmentación y segmentación de los trabajadores.

Robert Reich, divide a los trabajadores entre analistas simbólicos, trabajadores de rutina y servicio a personas. En la misma línea, Robert Boyer habla de tres categorías: asalariados polivalentes, profesionales y trabajadores precarios. El fenómeno de la precarización supone un cambio en la posición del trabajador en la empresa y en el conjunto de las relaciones laborales.

Analizar la precariedad desreguladora es sinónimo de analizar las consecuencias de una flexibilidad que se ejecuta a través de mecanismos individuales, impuestos y en definitiva es la expresión del incremento del poder discrecional del empresario. La excesiva precariedad del empleo, la baja productividad, las dificultades y el retraso para que la mujer se incorpore al empleo, el acortamiento de la vida laboral, el escaso nivel de formación y cualificación, y la inhibición del trabajador respecto a la realidad y desafíos de las empresas son todas las expresiones o consecuencias de una concepción que ha canalizado la flexibilidad a través de mecanismos individuales y no colectivos.

En España, la flexibilidad "se aplica" individualmente, en formas de contratos temporales que implican despidos continuos y baratos, o se aplica unilateralmente por las empresas en utilización de las variadas prerrogativas legales que han establecido las sucesivas reformas, lo que, en definitiva, supone también una vía de aplicación individual. En España la flexibilidad apenas "se ejerce" colectivamente. Este es el problema. Es de ese enfoque, que ha promovido un tratamiento individual y unilateral de la flexibilidad, del que se derivan precariedad, falta de implicación del trabajador en la empresa, imposible conciliación de la vida laboral, nulo esfuerzo en formación y baja productividad.

La flexibilidad no está "integrada" realmente en el modelo laboral (del que también forman parte los trabajadores y los sindicatos), porque se impone desde fuera, a través del marco legal o del poder empresarial. Es siempre algo exógeno, y por lo tanto imposible de internalizar. Sólo un ejercicio colectivo de la flexibilidad puede permitir dar respuestas más eficaces, más útiles en un contexto de competitividad incrementada, de globalización. Las dos vías para ello son: la participación de la empresa y la negociación colectiva (incluido el diálogo social).

En cuanto a la participación de la empresa, hay que destacar que España carece por completo de un modelo de participación de los trabajadores en las empresas. Pero siendo así, no existiendo mecanismos de participación, ¿cómo se puede aunar flexibilidad e implicación? ¿cómo responder (colectivamente) al reto de formación? ¿cómo articular sistemas de organización del trabajo que faciliten la conciliación de la vida? ¿cómo elevar la productividad?.

Respecto a la negociación colectiva, también hay mucho que decir y hacer. Se le han dado, sobre el papel, desde la reforma del 94 unas competencias casi ilimitadas. Pero en ausencia de respuesta a esa innumerable serie de cuestiones, se le ha otorgado capacidad de actuación unilateral del empresario: no es este marco un verdadero aliciente para que las empresas busquen la negociación. Tantas competencias sólo pueden ser ejercidas si hay capacidad para ello. Lo que significa que, si se quiere más flexibilidad negociada en los convenios de todos los niveles, si se quiere llegar al objetivo de más negociación en el nivel de la empresa, y los sindicatos queremos vivamente todo esto, se tendrán que poner medios para poder hacerlo.

En este, como en otros aspectos, el modelo sindical de la transición llegó hace tiempo a su límite, no da más de sí, no tiene medios para atender todas las exigencias actuales, aunque quiere y necesita hacerlo. Soy consciente de la resistencia, tanto de empresarios como de sindicatos, a contractualizar la flexibilidad.

Los empresarios piden más desregulación, más facilidad para despedir, más contratos a la carta, dobles escalas salariales y, sobre todo, menos negociación colectiva, aunque digan lo contrario. Para las Relaciones Laborales y para el Sindicalismo es claro que todo lo que no está en la negociación colectiva es poder discrecional del empresario. Por ello, contractualizar la flexibilidad no es sinónimo de negociar retrocesos y recortes de derechos, sino todo lo contrario, es decir garantizarlos. El problema, como siempre, es la relación de fuerzas.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Recuperar la centralidad del trabajo frente a la ofensiva delas políticas neoliberales de desregulación progresiva de las relaciones de trabajo, núcleo central del sistema. Cuando la degradación el trabajo se convierte en la degradación del bienestar, la ciudadanía laboral es decir, contar con un trabajo decente, es condición necesaria para poder vivir con dignidad.

La apuesta por la cohesión social y la necesidad de nuevas políticas y de otras políticas. El intervensionismo neoliberal sitúa a la política al servicio de la competitividad económica. Estamos pasando del "estado social" al "estado penal". Unas políticas de bienestar insuficientes, además de una democracia incompleta, descohesionan España. Esto trae como consecuencia mas nacionalismos y mas desvertebración política. La apuesta por la economía productiva y un cambio en el modelo social, unido a otro modelo de empleo y de relaciones laborales, exige otras políticas desde el Estado que hagan posible una fiscalidad progresiva, un mayor gasto social, una convergencia real con Europa y una rehabilitación del papel de la política frente a la economía.

Recuperación del objetivo ideológico de un nuevo modelo de sociedad mas justo e igualitario. El sindicalismo y la actual fragmentación de una clase trabajadora cada vez mas dispersa y desestructurada exige buscar y encontrar banderas aglutinantes, con capacidad de movilización y de ilusión colectiva. Esto supone otra relación entre el sindicalismo y la política compartiendo horizontes estratégicos y señas de identidad de la izquierda.

Democratizar la empresa y hacer posible un nuevo pacto entre capital y trabajo que evite la individualización de la flexibilidad y haga posible la dignificación del trabajo y una competitividad positiva que respete los derechos laborales.

Replanteamiento de la concertación social y el papel institucional de los Sindicatos. Las relaciones institucionales deben ser mas permanente y menos coyunturales, mas estable, menos tácticas y más estratégicas. Un dialogo social de limitación de daños o de neutralización de retrocesos, muy instrumental y coyuntural, no fortalece ni garantiza el papel del sindicato y del sindicalismo como instrumento de igualdad y de cohesión social.

Hago mía una afirmación de Hannad Arendt "contra la falsa certeza del fracaso y de la carencia de perspectivas, afirma que la capacidad de comenzar algo nuevo pertenece a la esencia misma del quehacer político". El 25 aniversario de nuestra Constitución es un buen acontecimiento para intensificar, recuperar y rehacer nuestro compromiso y trabajo cívico.

Logroño, diciembre 2003

XXV aniversario de la Constitución Española

Jaime Montalvo Correa
Presidente del Consejo Económico y Social
Miembro del Comité de Honorpara la Conmemoración de la Carta Magna

El balance general de los veinticinco años de convivencia política bajo la Constitución de 1978 es muy positivo. Creo sinceramente que esta valoración debe preceder cualquier análisis cualitativo de lo sucedido en estos años de intensa modernización, mejora y democratización de nuestra sociedad. En muchos sentidos, la Constitución fue una culminación, pero sobre todo un punto de partida con el objetivo de reconstruir una sociedad mejor. Hace ahora veinticinco años todos deseábamos superar el régimen político no democrático que teníamos, y creíamos firmemente en el futuro de nuestro país. Ese hecho se compartió por personas con distintos componentes ideológicos, todos con una conciencia muy clara de que había que evitar caer en los errores en los que había incurrido nuestro país en el pasado. Esos errores no eran sino la incomprensión y la incapacidad de búsqueda de acuerdo o de las verdades de los demás.

En el ámbito del diálogo social y las relaciones laborales, la experiencia española de estos veinticinco años ha sido también de relevancia particular, no sólo por los acontecimientos y hechos acaecidos durante este tiempo sino también por su influencia, crucial en determinados momentos, sobre el proceso global de consolidación democrática. Respecto al Consejo Económico y Social, creo sinceramente que representa probablemente una de las expresiones más destacadas del enriquecimiento de la participación política que significa la Constitución de 1978.

En nuestro país los interlocutores sociales y económicos han venido manifestando una gran capacidad de reacción, de adaptación y de madurez, que se hace patente porque desde un primer momento, y cada vez con mayores dosis de normalidad, se han establecido objetivos comunes y se han alcanzado importantes Acuerdos Interconfederales. En España, desde que comenzó la transición a la democracia en los años setenta, momento que coincidió con una difícil situación económica y social, la crisis del petróleo, el diálogo social ha ido adquiriendo un protagonismo creciente y ha contribuido de manera decisiva a superar con éxito importantes desafíos. Ello no ha evitado que, como era de esperar, atravesara diferentes fases caracterizadas por sus mayores o menores proporciones de acuerdo o consenso. En grandes líneas, desde el final de la década de los setenta y hasta 1986 se vivió una etapa de pactos políticos y de grandes acuerdos sociales. A continuación, desde ese año hasta 1993 la tónica vigente se caracterizó por un menor grado de concertación social, lo cual se traslado también a los contenidos de la negociación colectiva. No obstante, gracias al esfuerzo y compromiso de los agentes sociales, a partir de la reforma laboral de 1994, aunque ésta no presentó un carácter pactado, se abrió una nueva fase que conoció su primer acuerdo en 1995 (Acuerdo de Resolución Extrajudicial de Conflictos, ASEC), que continuó con la reforma laboral pactada de 1997 y que desde entonces ha conocido además de diversos acuerdos una huelga general en el año 2002, a la que siguió muy poco tiempo después un nuevo acuerdo, el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC 2003), que demostró una vez la capacidad de los agentes sociales españoles para superar cuantos obstáculos puedan encontrar en su camino

Volviendo sobre la Constitución de 1978, creo que constituye la máxima expresión democrática con la que una sociedad puede dotarse. La Constitución es la clave de nuestro modelo de convivencia democrática y libre en un Estado Social y de Derecho. Hoy, veinticinco años después, hay quién tiende a olvidar esta realidad, pero es innegable que sin la Constitución de 19778 nuestra realidad sería muy distinta, en todos los términos, bienestar, libertades, valores morales y culturales, Europa...

Por eso su vigencia es plena y su valoración, creo yo, es clamorosamente unánime. Lo cual tiene aún más valor si se tiene en cuenta que los españoles somos un poco derrotistas. Por ello es lógico que en el ámbito internacional, o para cualquier estudioso, sea también extraordinariamente positiva. La Constitución de 1978 fue un gran pacto entre españoles que supieron que las verdades se conforman, que las verdades absolutas no existen, pero que la verdad operativa se compone de muchas verdades que responden a idiosincrasias, intereses o posiciones distintas. Desde entonces hemos conseguido crear un país mucho más plural, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista territorial, asumiendo entre todos una realidad que hasta entonces sólo subyacía.

En este momento la gran responsabilidad que tenemos todos es la de profundizar en la democracia, profundizar el pluralismo en todos los órdenes, pero sin perder de vista el importantísimo avance que para nuestra sociedad fue la Constitución de 1978. La consecución de la Constitución fue una gran responsabilidad de todas las fuerzas políticas y sociales, y yo creo que esta responsabilidad debe de mantenerse viva.

Logroño, diciembre 2003

DE UNA CONSTITUCION DE TODOS, A LA PATRIMONIALIZACION DEL PP

Benito Hermosilla Aguillo

Tras la muerte de Francisco Franco Bahamonde y la toma de posesión de Juan Carlos I como Rey de España, éste promete convertir a nuestra nación en un Estado de Derecho, capaz de superar las dos Españas, consecuencia de la imposición dictatorial que desde 1936 estabamos sufriendo los españoles. Así comienza la única salida posible y se desarrolla lo que todo el mundo conoce por la transición hacia la democracia, fórmula que significó una reconciliación política y social entre los españoles, arbitrándose y convocándose las primeras elecciones democráticas a celebrarse el 15 de Junio de 1977, que dan paso a las primeras Cortes Generales, cuyo principal cometido fue el elaborar un texto constitucional. Diputados y senadores conscientes de que las anteriores Constituciones españolas, fueros de corta vida, ya que siempre se hicieron desde la imposición de unos frente a la de otros.

Así comienza el proceso constituyente y se elabora una Constitución amplia, capaz de abarcar y hacer compatibles a todas las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, históricas, territoriales, culturales etc. Reconociendo los valores de Justicia, Libertad e Igualdad, así como un profundo respeto a la integridad personal y humana de todos los españoles. Recogiendo en su cCaptulo Décimo la posibilidad de su reforma, con la finalidad de poderse adaptar todavía más a las necesidades que en cada momento pueda tener el Estado, y en consecuencia poderla hacer más duradera.

El día 31 de octubre de 1978, la Constitución española es aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, con el siguiente preámbulo : "La Nación Española, deseando establecer la Justicia, la Libertad y la Seguridad y promover el bien de cuantos la integran ,en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada.

Y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacificas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra."

Tiempo pasado que me hace recordar la campaña socialista y ugetista solicitando un Si para el referéndum convocado para el día 6 de Diciembre del mismo año. Pero por aquellas fechas se escuchaban movimientos de sables entre algunos sectores militares, además algunos grupos de la derecha venían haciendo campaña en contra de la futura Constitución española, quiero recordar que José María Aznar realizaba unas declaraciones en la prensa riojana defenestrando la Constitución y con su prepotencia más tarde conocida, la atacaba diciendo que, era débil y que duraría muy poco, pero por fortuna la Constitución fue ratificada por la gran mayoría de los españoles el día 6 de diciembre y siendo sancionada por el Rey el día 27 de Diciembre de 1978.

Durante los últimos tres años estamos viendo que la derecha gubernamental viene apropiándose de la misma, y lejos del espíritu que la gestó, estos vienen encorsetandola y haciéndola rígida utilizándola como un arma arrojadiza contra todo español que disienta del sentido político de la derecha, y sin embargo la derecha viene pasando de la misma en temas tan graves como participar en una declaración de guerra sin escuchar a las cortes generales, incumpliendo el Capitulo III, o degradando las cámaras legislativas hasta llegar a convertirse en cámaras de control a la oposición en lugar de al gobierno, pero sin embargo y con gran desfachatez celebran el 25 aniversario a bombo y platillo y califican de deslealtad a quien pactan con partidos legales en Cataluña. ¡Cuánta cara hay que tener!

Haro 22 de diciembre de 2003

CONSTITUCIÓN, VAMOS JUNTOS A BUSCARLA

Tomás Santos
Portavoz socialista en el Ayto. de Logroño

Nunca como ahora, precisamente porque vivimos tiempos convulsos, tiempos en los que se practica la imposición en lugar del consenso, la confrontación sustituye al diálogo, los conflictos ganan a la convivencia y se apuesta más por la división y la fractura social que por la integración de voluntades, repito, nunca como ahora, uno encuentra más sentido a la defensa de todo lo que supone y significa la Constitución Española, aprobada, va a hacer ya veinticinco años, por una abrumadora mayoría de ciudadanos libres, que con independencia de su edad, color, sexo, condición social o religión, entendieron que era el mejor amparo y reconocimiento legal a la garantía de sus libertades y derechos fundamentales, tanto individuales como sociales y económicos.

Una Constitución que ampara y protege el derecho a la vida y a la integridad física, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al honor, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de residencia y de circulación, a la libertad y secreto de las comunicaciones, a la libertad de expresión e información, al derecho de sindicación y asociación, de propiedad y herencia, de circulación de bienes, de libertad de empresa, de derecho a la huelga, una Constitución garante de derechos sociales pendientes aún hoy de una largo recorrido para su fiel cumplimiento, como el derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación libre y gratuita, el derecho a la protección a la familia, el derecho a un trabajo remunerado, es una Constitución que merece ser defendida y valorada como un punto de partida necesario y desde el que se pueden abordar todas las cuestiones, siempre que se tenga presente que las soluciones inmediatas a tantos y tantos problemas que aparecen y se suceden cada día no pueden ser posibles sino es con la aportación y el esfuerzo de todos.

Por eso uno tiene en estos momentos una sensación agridulce en este aniversario constitucional, cuando considerando a la Constitución como un instrumento válido para la defensa activa de la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de sus derechos, comprueba como unos la niegan y otros la tratan de patrimonializar llenándoseles la boca de Constitución, cuando curiosamente en sus orígenes no sólo pasaban de ella, sino que eran detractores activos de la misma.

Nada hay más lejos del espíritu constitucional que considerar como propio de forma excluyente para con los demás, algo que por la forma en que se gestó nos pertenece a todos. No soy nacionalista y precisamente por ellotengo igualmente claro que nada aleja más a España de su unidad que la imposición y el centralismo, porque la esencia de esa España que creemos y queremos muchos españoles, pasa precisamente por el reconocimiento de su pluralidad.

Por eso en estos momentos en los que hay quienes hablan de relecturas y modificaciones de algunos estatutos de autonomía y por extensión también del texto constitucional, permítaseme que cite unos maravillosos versos de Machado, que simbolizan, para bien, lo que supone el esfuerzo y el trabajo conjunto desde el respeto a las diferencias y la negación a las imposiciones, cuando escribe: "Tu verdad no, la verdad. Vamos juntos a buscarla, La tuya guardatela"

Logroño, diciembre 2003

LA CONSTITUCIÓN DE TODOS

Vicente Urquía Almazán
Secretario General de la Agrupación Socialista de Logroño

Hemos querido, desde la Agrupación Socialista de Logroño, rendir un homenaje a la Constitución Española y a estos 25 años de democracia y libertad que el 6 de diciembre de 2003 van a conmemorarse.

Para ello, nada mejor que el debate y la reflexión sobre un texto que es, -ni más ni menos-, nuestra Ley más importante, fruto de un amplio consenso en unos momentos históricos y difíciles.

Pero también hemos querido que haya un sitio para el recuerdo, y en este libro lo vais a encontrar. Este libro tiene dos aspectos fundamentales:

El primero de ellos, una amplia reflexión del Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de la Rioja, Carlos Navajas, sobre lo que ha acontecido durante estos 25 años, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional. Es un texto objetivo, de fácil lectura, con reflexiones muy importantes sobre lo que ha ocurrido en estos años y con una pequeña recapacitación sobre el futuro deseable.

La segunda parte de este libro está compuesta por diferentes artículos de personas de la vida pública riojana y nacional que han tenido que ver con la elaboración de la Constitución y con el desarrollo de la misma, así como una colaboración especial de una joven de 23 años que no había nacido cuando se aprobó el texto y que tiene un especial interés, todos ellos profundos convencidos y defensores de lo que se ha venido en llamar el "espíritu constitucional".

Lo que se escribe permanece, y por ello este libro que tenéis en vuestras manos tiene que ocupar un lugar destacado en vuestra biblioteca y al mismo tiempo un espacio en vuestro corazón. Para ello hemos incluido la Constitución actualizada para que todavía os sea de más utilidad.

La Constitución de 1978 es la séptima Constitución que tiene España desde 1812, año en que se promulgó la primera, denominada "La Pepa", que ha sido sin duda, la más extensa en nuestra historia con 384 artículos.

Después de esa siguieron las Constituciones de 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931. Después de esta última, 40 años de dictadura dieron paso a las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 y al referéndum constitucional de 1978 que aprobó mayoritariamente la Constitución que hoy tenemos vigente.

Es pues, sin duda, la Constitución de 1978, la más duradera después de la de 1876 que duró 47 años. Estos 25 años de Constitución, por tanto, son ya un éxito de madurez y de estabilidad política con la que acabamos el siglo XX y hemos iniciado el siglo XXI dentro de un marco incomparable como la Unión Europea.

Uno recuerda especialmente el tamaño reducido y el color amarillento con el que el Gobierno de la UCD editó nuestra Constitución, la cual repartió antes del referéndum. Edición que aún conservo. Bien, pues ese ejemplar recoge una de las Constituciones más avanzadas de la Europa moderna y un instrumento fundamental para el desarrollo político de nuestro Estado.

En la elaboración de este texto tuvieron un papel muy importante, tanto el Partido Socialista como la Unión de Centro Democrático, el Partido Comunista, Convergencia y Unión, y aunque de una manera peculiar, también el Partido Nacionalista Vasco, y el único partido como tal que tuvo una posición ambivalente y que se vio públicamente en la votación en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1978 fue Alianza Popular, ya que parte de sus miembros votaron a favor, parte se abstuvieron y parte votaron en contra.

Por ello, no es de extrañar, que quien fue Secretario General de este Partido en la Rioja en este periodo, D. José María Aznar, escribiera en febrero de 1979 en el periódico "Nueva Rioja" la frase siguiente: " En determinadas ocasiones, la abstención puede estar justificada, incluso puede el caso de una abstención beligerante como en el pasado referéndum constitucional" . Con esta afirmación, queda clara cual era la visión y la opinión que de la Constitución que hoy tenemos, tenía nuestro actual Presidente del Gobierno.

Esta posición, regresiva, propia de la derecha intolerante como la que hoy nos gobierna, no se quedó ahí. Basta recordar algunos artículos de D. José María Aznar con justificaciones al golpe de estado contra Salvador Allende en Chile o llamamientos a la utilización contra ETA de todos los sistemas posibles, y así los expuso en el periódico "Nueva Rioja", al día siguiente de los atentados terroristas en Villamediana, donde decía José María Aznar " AP consideraba que había que acabar ya de una vez por todas con el terrorismo, y que todos conocían los medios que había que emplear para ello. Que no le preguntaran cuáles, pues a la vista estaban los que utilizaban en otros países". ¿Se estaría acordando de la República Federal Alemana o de Francia en aquellos momentos?

Han pasado 25 años de esto, y ahora, Aznar, llama a la Guardia Civil a defender la Constitución, se enrolla en la bandera española como si fuera suya, y sigue utilizando el problema de las autonomías y los nacionalismos de igual manera que pensaba hace 25 años. Poco ha avanzado políticamente en estos años, salvo en utilizar ahora la Constitución, que posiblemente no votó como un arma arrojadiza contra todos rompiendo y utilizando el trabajo de muchos en su egoísmo particular. Poco se separa el pensar de José María Aznar del de Gil Robles a principios de los años 30 en lo que respecta a la visión del Estado y a la utilización sectaria de la bandera.

La respuesta a esto desde la izquierda, y desde el Partido Socialista, debe ser mesurada, pero valiente. La Constitución es un valioso instrumento para todos los españoles, pero no puede ni debe ser un instrumento que se quede caduco, o que no responda a las necesidades que los ciudadanos tienen y que lógicamente cambian de unos años a otros.

Por ello, en estas fechas, debemos aprovechar para hablar, opinar y reflexionar sobre aquellos elementos que necesiten una actualización para que la Constitución pueda servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas de este país.

No se puede anteponer la situación concreta y política del País Vasco para que este debate no se realice. Es más, la Constitución no sólo es el Título 8º, sino un compendio amplio que regula y establece nuestro sistema político.

Por lo tanto, hablemos, y si de ese diálogo, que debe estar realizado desde el rigor, coincidimos de manera amplia y mayoritaria en que la Constitución debe reformarse, hagámoslo.

Estas son pues las condiciones fundamentales para que esto se realice: en primer lugar, la necesidad, y en segundo, y no menos importante, el consenso sobre estas reformas.

Nuestro Senador por La Rioja, José Ignacio Pérez, marcaba un ámbito de reforma: el título tercero referente a las Cortes Generales, en especial a la representación de las Comunidades Autónomas en el Estado y en Europa, y especialmente el papel del Senado de cara al futuro.

Coincido con él en estas apreciaciones, pues lógicamente, el Estado de las autonomías ha cambiado de una manera muy importante el poder político y el Estado Español no puede seguir actuando como un Estado centralista y con un gobierno único. Posiblemente, modelos como el alemán o el canadiense, de cooperación y de codecisión entre el Estado y las Autonomías sean referentes para esta reflexión.

Sirvan por lo tanto estas breves líneas como inicio de este libro, como homenaje a la Constitución, como recuerdo a las personas que contribuyeron a esta Ley que hoy tenemos y también como un llamamiento a hacer de la Constitución un referente de todos, que no es patrimonio de nadie y menos de quienes no confiaron en ella, pero al mismo tiempo verla como un ser vivo que necesita agua y oxígeno para poder seguir viviendo.

Logroño, diciembre 2003

25 AÑOS DE CONSTITUCION

Carmelo Cabezón Llach
Secretario General de UGT de La Rioja

Habiendo asistido estos últimos días a diversos actos de celebración del 25 aniversario de la Constitución Española, he tenido la oportunidad de escuchar atentamente a tan diferentes personalidades como al Príncipe de Asturias, o los Secretarios Generales de CC.OO. y UGT, pasando por más de un Ministro. Sin lugar a dudas, esta es la total y absoluta evidencia de que el texto constitucional nos agrupa a todos los ciudadanos en términos de igualdad.

De forma especial, me impactó la exposición exquisitamente entrañable y humana de uno de los llamados padres de la Constitución, el Senador Solé Turá. Solé Turá restó importancia a los 25 años de la carta Magna he incidió en los próximos 25 con gran preocupación.

Ni él negó, ni yo lo voy hacer, la importancia, la gran importancia, de tan grande consenso; el de la convivencia de los españoles.

Pero comparto la preocupación de los tiempos venideros. El fenómeno de la globalización de los capitales y la intransigencia y el desprecio por los derechos humanos está consiguiendo que la mayor parte de los derechos sociales pierdan valor incluso en aquellos países que encabezaron las luchas frente al capitalismo.

La economía sumergida, que además de ser la manifestación más clara de la falta de solidaridad y del capitalismo más grosero, es la pena a la cual están condenados multitud de inmigrantes que en otros momentos de la vida se denominaba claramente como esclavitud.

Esto junto con la explotación infantil, la sobre explotación de los recursos naturales, el deterioro del medio ambiente bajo la dirección de ese capitalismo salvaje, restan cada día más valor a la raza humana, en cualquier lugar del mundo.

Si las convicciones constitucionales son claras y precisas, no deberíamos ser recelosos a cuantas modificaciones propicien mayor igualdad, desarrollo y libertad y, sobre todo, la máxima convivencia en paz de todos los ciudadanos.

La contribución fiscal en términos de igualdad, el derecho al trabajo y a la elección de oficio o profesión, la distribución de la riqueza de forma equitativa, la calidad del empleo y la tutela del mismo, la protección social suficiente en especial en situación de desempleo, la protección a la salud, al medio ambiente adecuado, a la vivienda digna, a impedir la especulación del suelo, a la garantía de las pensiones adecuadas, así como el propio reconocimiento de los sindicatos de trabajadores en nuestra Constitución, nos fortalece día a día frente a la intransigencia egoísta del poder del dinero.

Por lo tanto, más allá de la reivindicación y, atendiendo las resoluciones del Comité Confederal, máximo órgano de la Unión General de Trabajadores, queremos expresar con toda solemnidad nuestro apoyo a la Carta Magna, que encarna la recuperación de la democracia y el reconocimiento de unas libertades a cuya lucha dedicaron su vida muchas generaciones de trabajadores y sindicalistas.

Una Constitución, además, que es expresión progresista de derechos laborales básicos y de preceptos fundamentales de contenido social, como el reconocimiento al máximo nivel del hecho sindical, el establecimiento de los derechos de sindicación y huelga entre los fundamentales.

Tras veinticinco años de ejercicio democrático, la Unión General de Trabajadores considera que la gran cuestión pendiente y la mayor muestra de vitalidad y actualidad de la Constitución Española estriba en la posibilidad y capacidad de lograr el mayor grado de desarrollo efectivo de los derechos sociales en ella plasmados; en este aspecto, puede ser, de esta forma, el más valioso instrumento para la mejora de los niveles de vida de todos los riojanos y, por lo tanto, también de todos los españoles.

Logroño, diciembre de 2003

CUÉNTAME CÓMO PASÓ

Siempre que llega el aniversario de la Constitución, viene a mi memoria aquel invierno de 1978 en que, por primera vez en mi entonces todavía corta vida, tomé contacto real con la política y lo que significaba. El referéndum de apoyo a la Constitución fue mi primera incursión en el mundo de la política y fue precisamente este texto y todo lo que él significaba el que determinó mi deseo de participar activamente en hacer realidad ese nuevo mundo que el texto constitucional nos prometía a todos los españoles y especialmente a los más jóvenes que veíamos en aquella Ley, más que una promesa, una expectativa real de cambio y modernidad que no sabíamos muy bien dónde podía acabar, pero que teníamos muy claro a donde no debía volver.

25 años después, cuando estamos asistiendo a una acumulación de actos conmemorativos que, francamente, pueden empezar a saturar incluso al más proclive defensor de la Constitución, uno se pregunta si la mejor forma de celebrarla es simplemente reiterar una y otra vez lo buena, bonita y barata que es, mientras algunos nos ponemos ciegos de canapés con la excusa de que hay que conmemorarla, o si no sería mejor volver a sentarnos todos a analizar si lo que hicimos para la España efervescente y cambiante de hace 25 años, sigue siendo útil para dar satisfacción a la nueva España que ha surgido y se ha desarrollado en estos años y que, sin duda, está muy lejos de parecerse a aquella de 1978 e incluso a la España que proyectaban los propios autores de la Constitución.

Tantas cosas han cambiado y además de forma tan radical que ni siquiera parece sorprendernos que quienes hace solo 25 años denostaban la Constitución y manifestaban a voz en cuello y mediante soflamas incendiarias en los periódicos, que con su aprobación España saltaría en pedazos; que se rompería la unidad de España; que la iba a convertir en un País ingobernable; que perderíamos nuestras señas de identidad y nuestra independencia frente a terceros, etc., etc... Tanto han cambiado las cosas, como digo, que no nos sorprende que esos mismos se hayan convertido hoy en los más firmes defensores del texto constitucional, esgrimiendo curiosamente, para defender su vigencia y utilidad, los mismos argumentos que hace 25 años utilizaron para atacarla e incluso para pedir el voto contrario a su aprobación.

Han cambiado tantas cosas en España y en nuestro entorno en estos años que, sinceramente, no creo que fuera malo dedicar un importante esfuerzo para estudiar profundamente la vigencia y utilidad del texto. La España de las autonomías que diseñó el texto constitucional pensando en una realidad que sólo abarcaba a Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, se ha convertido en un entramado administrativo que configura un nuevo Estado autonómico en el que 17 regiones y dos ciudades autónomas hemos acumulado un nivel competencial y presupuestario que hoy suma incluso bastante más de lo que reunía el propio Estado en 1978. En aquél año todavía estábamos lejos de pertenecer a una Comunidad Económica Europea que se planteaba simplemente como un "lobby" de intereses económicos y que se ha convertido ya en una organización política, económica y administrativa que rige los intereses de veinticinco países y que ha acumulado competencias que hace bien pocos años era impensable que no residieran en los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros, hasta el punto de que hemos necesitado redactar una Constitución Europea a la que tendremos que supeditar la propia Constitución española que hace solo 25 años no existía.

¿En qué medida, sólo estas dos cuestiones, pueden requerir una revisión de nuestro texto constitucional en tanto en cuanto, pueden exigir también una nueva organización de nuestro modelo de Estado?. ¿Hasta dónde puede llegar el papel de las regiones en una Europa cada vez más amplia y compleja y con mayor capacidad de decisión?. ¿Qué papel van a jugar los Estados en un futuro en el que cada día tienen menos competencias y recursos?. ¿Los incumplimientos de los mandatos constitucionales y los abusos de los gobiernos mayoritarios están convirtiendo la Constitución en papel mojado?. ¿En qué medida la aprobación de la Constitución Europea puede superar o incluso anular a nuestra propia Constitución?.

Estas son solo algunas de las muchas preguntas que deberíamos estar haciéndonos en este 25 aniversario y que, sinceramente, creo serían bastante más provechosas que los conciertos, discursos, exposiciones y saraos varios que se están organizando en torno a la Constitución y, cómo no, en torno también a buenos caldos y viandas que son las que realmente atestiguan la calidad y altura de la celebración.

Cuando asisto a uno de estos actos, o llega a mis manos una nueva edición de la Constitución, o una nueva publicación en la que se rememoran con nostalgia los tiempos pasados, me parece estar viendo un nuevo capítulo de esa serie de TV de tanto éxito que se llama "Cuéntame cómo pasó" y siento cierta rabia al pensar que estamos empleando demasiado tiempo en recordar lo que pasó y demasiado poco en estudiar qué va a pasar, algo que, a todas luces, nos interesa mucho más, sobre todo a las nuevas generaciones que, en estos 25 años han perdido la ilusión y las esperanzas que otras generaciones de jóvenes tuvimos en la política.

No podemos vivir de la nostalgia, mirando permanentemente al pasado. La sociedad española sigue necesitando ilusionarse con la política y encontrar en ella respuesta a sus expectativas y cuando todos los días podemos comprobar cómo los Gobiernos olvidan sistemáticamente los mandatos y objetivos constitucionales en su acción de gobierno, llego a pensar que, a lo peor, no hay tanto que celebrar como se dice por ahí y que estos fastos en los que andamos metidos no dejan de ser más que un esfuerzo nostálgico por enmendar los errores de algunos y disimular su antigua oposición a la Constitución.

Si es verdad que España está en marcha en lo económico, no podemos ser inmovilistas en lo político y mucho menos en lo social. Si para avanzar en el desarrollo político, económico y social del País hay que sentarse de nuevo con el objetivo de renovar, de restaurar y de "airear" nuestra Constitución, habrá que hacerlo sin miedos. Otra cosa es que algunos tengan miedo a cambiar, que estén tan a gusto regodeándose en el pasado que no se den cuenta de que algunas cosas empiezan a oler a rancio y que necesitamos el mismo impulso y la misma capacidad de riesgo y de renuncia ideológica que empleamos en 1978, para rearmar de ilusión y energía a un País que, aunque ha avanzado, todavía está muy lejos de haber alcanzado los objetivos que perseguía hace 25 años.

Una constitución, como lo acredita en su forma de texto escrito, da cuenta de un hecho que se produjo y permanece: un estado democrático de derecho, en nuestro caso.

Pero para nosotros la conmemoración constitucional es, debe ser y además siempre lo es, una advertencia, una forma sosegada de preguntarnos acerca de la continuidad del vivir juntos. Si esto estuviera ya comenzando a suceder, como me lo parece, quizá estemos en el inicio de una tradición.

Una tradición en torno a lo común, una tradición en torno al texto constitucional que hicimos entre todos y que entre todos seguimos haciendo. Porque nuestra constitución democrática es, por tal, una constitución dialogada en el tiempo, pues a la postre toda norma constitucional contiene –debe contener- un razonable grado de indeterminación.

Es claro que en toda constitución hay palabras que afirman, vocablos que regulan y mandatos que vedan comportamientos. Pero toda constitución contiene también palabras que denodadamente preguntan a cada español, a cada generación. Palabras como dignidad, libertad o igualdad.

El hábito en proponer, en construir entre todos, continuadas respuestas a estas preguntas podemos convenir en denominarlo nuestra tradición, una tradición de constitución, que incluye y no excluye.

Porque todo término constitucional es definitivamente provisional, pues su valor es cabalmente el de nuestra voluntad de vivir juntos

La Constitución Española de 1978 cumple 25 años. Siguiendo el razonamiento de M.A.R (Miguel Ángel Rodríguez), si fuera hombre habría acabado la Universidad o estaría trabajando (en uno de los muchos empleos que ha creado el PP); si fuera mujer estaría intentando pescar un marido o amamantando amorosamente a su primer hijo (varón, por supuesto).

La Constitución necesita reformas en su articulado en lo que atañe al Senado, a la Corona (algunos aspectos de los artículos 56 y 57) o a las disposiciones transitorias (como la cuarta), pero… ¿Es tan urgente? ¿Es éste el momento? ¿Cuáles son los riesgos que se asumen? ¿Estamos dispuestos a correr esos riesgos?

El momento no parece ser el más adecuado. Hay quienes pretenden sólo una reforma parcial de algunos aspectos claramente caducos o mejorables de nuestra Constitución. Pero una vez que se abra un nuevo proceso constituyente, y atendiendo al clima actual ¿quién garantiza que no entremos en un periodo de convulsiones, de disturbios, de renacimiento de posturas extremas que encontrarán su caldo de cultivo en la reacción a los extremismos de signo contrario? (de signo contrario pero de la misma naturaleza). ¿Será la Constitución el punto de partida para esta reforma o se abrirá un nuevo período constituyente en el que todo estará por decidir? Los estatutos de autonomía, que tienen su soporte en la Constitución, ¿serán por tanto reversibles?

Antes de iniciar un proceso constituyente en el que se van a poner en duda incluso principios tan básicos como quién es el sujeto de la “Soberanía Nacional”, sería conveniente educarnos a todos en las normas básicas de la democracia... bueno, diría mejor que es necesario educarnos a secas.

Jesús del Rincón Ruiz
Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de UGT

Pronto celebraremos las bodas de plata de la Constitución del 78. Digo “celebraremos” porque es motivo suficiente de celebración el hecho de que nuestra Carta Magna cumpla 25 años (y más que cumplirá todavía con las adaptaciones necesarias que nadie debería discutir). Sin embargo, en esta Tribuna voy a exponer dos situaciones con el objetivo de reflexionar sobre el desarrollo y cumplimiento de los preceptos que señala nuestra Constitución.

En primer lugar, pondré un ejemplo de no desarrollo. El artículo 103 recoge el mandato constitucional de dotarnos de un Estatuto “a los funcionarios” (aunque debería decir mejor “a los empleados públicos” –ya que, para la Administración trabajamos tanto funcionarios como trabajadores laborales y estatutarios- como una clara adaptación a lo que me refería antes). Sin embargo, observamos que esta norma reguladora de nuestras condiciones laborales duerme en el limbo de los justos o, mejor dicho, se encuentra perdido en algún cajón del Ministerio de Administraciones Públicas, a pesar de haberse consensuado un anteproyecto básico de Estatuto de la Función Pública a principios de 1998 por parte del Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y los sindicatos.

En UGT no tenemos ninguna duda sobre la necesidad de un Estatuto que sirva de marco para todos los empleados públicos, puesto que las Administraciones Públicas necesitan una “puesta al día” y la legislación reguladora de la Función Pública en vigor se ha quedado obsoleta para afrontar la situación actual.

Hemos de tener en cuenta que hemos pasado de un Estado fuertemente centralizado a un Estado descentralizado, no sólo política, sino también administrativamente, en el que las trasferencias han derivado el volumen de empleo público hacia otras administraciones. De ahí la necesidad de una gran reforma, que debe ser recogida en ese Estatuto Básico de la Función Pública pendiente. Así lo aconseja, desde hace varios años, el Defensor del Pueblo en sus informes anuales.

Otro ejemplo, este de incumplimiento constitucional (de los artículos 103 y 14), nos lo ha dado el Gobierno regional, con el escaso rigor con el que ha llevado a cabo el proceso de selección de los 20 tutores de empleo, que tanto está dando que hablar y escribir.

De todos es conocido que el acceso a la Función Pública debe realizarse sobre la base de criterios de igualdad, merito y capacidad de los aspirantes. Así lo dicen la Constitución y la normativa vigente. No dudamos de la capacidad de algunas de las personas seleccionadas, pero el Gobierno debe ser ejemplar en el cumplimiento de la norma constitucional.

Según un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solamente algo más de la mitad de los Españoles están satisfechos con la Constitución, lo que no deja de ser preocupante. Creo que los políticos en general deberían tomar buena nota de ello y, cuando llegan al Gobierno, ser más celosos en el desarrollo y cumplimiento constitucional.

No me cabe ninguna duda de que el deterioro democrático que está sufriendo nuestro país en los últimos años (el asunto de los tutores de empleo es un ejemplo) influye en la credibilidad constitucional. Y es que el abuso, la prepotencia y el ataque a las libertades se siente a diario. Por todo lo expuesto, en esta Tribuna, creo que es necesario profundizar en los principios constitucionales.

Las Cámaras (Congreso y Senado), elegidas el 15 de Junio de 1977, aprueban en el palacio de las cortes de Madrid el 31 de Octubre de 1978, con un altísimo grado de consenso el Texto Constitucional. En el Congreso votaron a favor 325 diputados de los 350 que configuraban la Cámara, frente a seis votos negativos (una parte de los diputados de Alianza Popular y el de Euskadiko Ezquerra) 14 abstenciones entre las que destacan la de los diputados del Partido Nacionalista Vasco y cinco ausencias, siendo muy similar a la votación en el Senado.

En el Referéndum de la Constitución, celebrado el 6 de Diciembre de 1978, apoyó el texto el 88 % de los votos válidos emitidos por el cuerpo electoral. Posteriormente la Constitución ya aprobada por el pueblo, era sancionada por el Rey el 27 de Diciembre, entrando en vigor el 29 de Diciembre, cuando en cuatro leguas, castellano, gallego, euskera y catalán, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Es en esa fecha 15 de Junio de 1977 cuando salí elegido Senador por La Rioja. Nadie podía pensar que ese Parlamento elegido iba a ser el encargado de la redacción y consiguiente aprobación de la Constitución de 1978 circunstancia que me llena de orgullo por el hecho de haber pertenecido a las Cortes Constituyentes.

Fue un periodo de tiempo muy denso, lleno de diferentes y variados contenidos con una asistencia casi diaria a las distintas sesiones parlamentarias no exenta de múltiples negociaciones entre los diferentes partidos políticos que culminan con la aprobación por consenso del Texto Constitucional. Es diez años mas tarde, el 6 de Diciembre de 1988, cuando S. M. el Rey nombra a todos los parlamentarios constituyentes miembros de la Orden del Mérito Constitucional, nombramiento que constituye para mí un gran honor y cuyo diploma figura en lugar destacado de mi despacho.

La Constitución de 1978 devolverá a los españoles la posibilidad de autogobierno al restaurar el sistema democrático. Consenso frente a imposición es el hecho a destacar en la aprobación del Texto Constitucional.
La Constitución de 1978 ha permitido por primera vez a España vivir en democracia, con paz y libertad durante los últimos 25 años, abriéndose un amplio campo de libertades y derechos garantizados dentro del ordenamiento jurídico español.

Numerosos autores y comentaristas reconocen que a cinco grandes conflictos políticos de la historia constitucional española tuvo que enfrentarse la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Jurídicas integrada por miembros de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a la que se encarga la redacción de un Anteproyecto de Constitución. Estos fueron las relaciones entre el Rey y el Parlamento, entre la Iglesia y el Estado, entre las autoridades civiles y militares, entre Estado y Sociedad, y entre el centro y la denominada administración periférica. Llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones fue especialmente duro y complicado, terminando por recogerse principios tan importantes y fundamentales como al que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal o que será el que el Gobierno dirigirá la administración militar y la defensa de Estado.

De igual forma fue especialmente conflictivo la redacción del Titulo Octavo sobre la Organización Territorial del Estado, problema que empezó llamándose problema regional para que luego fuera problema nacional que no es otro en aquellos días que las reinvidicaciones históricas de los nacionalismos vasco y catalán.
Cobra en estos momentos en que escribo este artículo especial relevancia la propuesta que hace el Parlamento Vasco sobre el futuro que pretende para Euskadi.

Ningún Estado constitucional permitiría que una parte de su territorio se separara de la unidad nacional que contempla la constitución de 1978 de lo que todos los españoles debemos alegrarnos. La ley y la política deberán en definitiva propiciar una convivencia constitucional. Es preciso señalar que España es una de los países más descentralizados de la Europa democrática.

Debemos por tanto congratularnos con la existencia del Texto Constitucional que dentro de pocos días cumplirá sus veinticinco años de vigencia. Veinticinco años en los que los españoles hemos vivido en convivencia y paz contándose con el reconocimiento de los derechos fundamentales y las libertades públicas, veinticinco años con los que de igual forma se han conseguido importantes logros en el desarrollo político, económico y social que han propiciado el estado de progreso y bienestar. No obstante llegará un momento que la Constitución de 1978 deberá actualizarse para adecuarla a la realidad en que vivamos. Pero sin embargo todos los procesos de cambio o de reformas deberán ajustarse a los mecanismos que la propia Constitución señala, es la Constitución que defiende a la Constitución.

He tenido suerte, nací cuando la Constitución era ya una realidad, nací cuando la Constitución ya trabajaba, cuando la represión, la amenaza, el pensamiento único y el miedo ya no campaban a sus anchas por esa España rota, cansada y obsoleta.
Repito, he tenido suerte, nací cuando ya todos tenían derecho a poder expresarme en libertad, cuando ya todos eran considerados iguales y podían ejercer sus derechos, derechos que no tuvieron en 40 años.
Soy afortunada, no he conocido otra cosa que no sea la libertad, toda una vida, libertad, es un derecho, el de todos los españoles, libertad de expresión, de culto, política, LIBERTAD.

Puedo resultar pesada, pero he tenido suerte, cuando yo nací, España ya era libre de todos esos miedos, era un país nuevo, gente valiente la había vaciado, como se vacía una bañera, de todo el agua sucia y estancada, y con mucho esfuerzo y trabajo la iba llenando de valores positivos, dejaron entrar el agua limpia y transparente, España se iba empapando de derechos, libertades, entraba el agua a borbotones, no había sitio para la sequía, había mucho que regar, habían sido 40 años de restricciones, de recortes; España era árida en derechos y los españoles no estaban dispuestos a que se cerrara el grifo.

Todos trabajaron esta tierra, todos pusieron sus esperanzas en su fruto, le dedicaron sus esfuerzos, la cultivaron, la abonaron, no permitieron que las tormentas acabaran con ella.

Pasaron las tempestades, pero no llegó la calma, porque como la agricultura, la Constitución necesita tiempo y cuidados.
Otra vez, he tenido suerte, porque para nosotros, los agricultores actuales es más fácil, solo tenemos que regarla y abonarla, gracias a que otros jardineros la plantaron y nuestra Constitución ya ha echado raíces, raíces fuertes y largas que recorren todo el país, que habren surcos para su tierra, surcos por donde corren caudales de libertad, igualdad y justicia, valores que riegan nuestras vidas.
Ya, ya se que lo he dicho, pero es que no me canso, he tenido suerte y como es de bien nacidos ser agradecidos, les doy las gracias a todos aquellos que plantaron la semilla, a todos aquellos que lucharon de sol a sol para que floreciera, gracias a todos aquellos que hicieron posible que ahora recojamos los frutos de aquella siembra.

Estos días, la próxima celebración del XXV aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, para todos, por su significación política y social y, de modo especial, para quienes fuimos parlamentarios de aquella legislatura constituyente, trae obligatoriamente no sólo el recuerdo de aquellas fechas que ya hacen historia sino primordialmente el recuerdo también de los acontecimientos y dificultades que rodearon tan apasionante tarea y todo el trascendental proceso de tránsito a la democracia.

La Constitución representaba realmente el remate de nuestra transición política, la confirmación del regreso a la normalidad democrática, pero aparte de ese deseo común e incluso la ilusión generalizada por el proyecto constituyente hay que recordar también, como decimos, que se acometió en una confusa situación política de desencuentro, de intensa confrontación partidista aunque, por fortuna, desde los primeros momentos de su redacción prevaleció la posición que dio en llamarse de reforma con la que se superó, de un lado, el continuismo, que defendía la creación de la Constitución desde el perfeccionamiento de las leyes e instituciones políticas vigentes y, de otra parte, la ruptura, esto es, la discontinuidad absoluta con la legalidad del 18 de julio de 1936, que propugnaban todos los sectores de oposición al franquismo.

Esa opción que de principio parecía inviable y que planteó el primer Gobierno del Presidente Suárez, no tiene duda, fue singularmente atinada, aceptada, por unos, porque respetó suficientemente las leyes vigentes y el procedimiento de reforma previsto en el art. 10 de la Ley de Sucesión y admitida, por otros, porque contaba con la legitimidad democrática emanada de unas Cortes auténticamente constituyentes, elegidas por sufragio universal en elecciones perfectamente libres. En definitiva, ese paso, la efectiva obra política de la Reforma o si se quiere de la autoruptura tuvo un importante mérito, como después han aceptado muchos, fue una verdadera obra de arte de la política.

Para esa valoración, en primer término, hay que remitirse a aquel marco parlamentario tan heterogéneo que resultó de las primeras elecciones, en el que conformar una Constitución para ser aprobada por todos y en la que se establecía el campo democrático del juego político para aquellos partidos, no podía ser y en realidad de ninguna manera fue un trabajo fácil. Pero se logró y se logró además pacíficamente y todavía más se consiguió sin hacer falso constitucionalismo, sin recurrir virtualmente a convencionalismos o declaraciones semánticas o puramente nominales, fue efectivamente una Constitución de concordia que además resultó aceptable para la inmensa mayoría de los españoles y que contenía ciertamente un mínimo de ambigüedades y de antinomias e imprecisiones. No se puede negar que, en su redacción final, fue muy frecuente el pacto, que e usó y pudo también abusarse del consenso pero ni en los debates ni en su redacción última se perdieron de vista, en ningún momento, la ética de los medios y los ineludibles compromisos que cada partido tenía contraídos con su electorado.

Separadamente de las anteriores consideraciones, mi intervención personal como diputado en el proceso constitucional se centró en los trabajos de redacción definitiva del Título VI, contraído a la regulación del Poder judicial y en que quedé adscrito a la Ponencia Centrista para el estudio y revisión final de tan trascendente institución y materia en las ulteriores sesiones ante la Comisión y el Pleno del Congreso de los Diputados. El anterior trabajo -realmente bien hecho de la Ponencia- ya había definido muy certeramente aquel título relativo a la Justicia y dejó muy reducidas las divergencias planteadas de principio, incluida la relacionada con la compleja configuración del Consejo General del Poder Judicial como Órgano de gobierno del mismo, sin embargo surgió la confrontación traducida seguidamente en enconado debate en una cuestión que hoy puede parecer inferior o de significación menor: la prohibición a los Jueces, Magistrados y Fiscales para desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a Partidos políticos o Sindicatos.

La polémica era entonces más comprensible teniendo en cuenta que en los últimos años del anterior régimen político la judicatura española registró una manifiesta tendencia a la politización en ciertos sectores que hacían temer la misma afección de la función jurisdiccional y, por lo tanto, quizás en el momento presente, sin tanta prevención ni aquellos recelos la discrepancia constitucional se hubiera tratado de distinto modo y con menos rigor.

No obstante, en lo sustancial resultan suficientemente válidas aquellas consideraciones de nuestra intervención parlamentaria que parcialmente transcribimos:

“En la conveniencia o no de la adscripción política o de sindicación de los jueces y magistrados, urge anticipar y queremos que esto quede perfectamente claro que no está en duda la compatibilidad, la posibilidad de coincidir la afiliación política con la integridad profesional y tampoco dudamos –no es esta la cuestión- de la integridad de actuación de los partidos políticos.

No se trata del juez. Se trata del justiciable. Tan importante cuestión entendemos que seriamente no puede plantearse resaltando de manera indebida que supone una reducción de los derechos políticos de determinados e ilustres ciudadanos.

El problema se suscita realmente por el prestigio y la naturaleza de su función, por lo que tiene de singular y de relevante proyección social, por el efecto psicológico que puede producir y que de hecho produce el saber de antemano que quien tiene que juzgar participa y comparte públicamente unos postulados políticos determinados. Es decir, se trata de un cometido trascendente que requiere primordialmente ecuanimidad e independencia.

El problema, en definitiva, se resuelve en nuestra opinión partiendo simplemente de la acertada concepción de la función judicial y en un planteamiento esquemático, es tan simple como esto: o permitiendo la afiliación política incardinamos la justicia en lo político resultando inevitable la influencia imperativa de la corriente política dominante o lo que tampoco es bueno habrá una influencia acusada del poder gubernativo, mientras que por el contrario en la línea correcta, si consideramos que la magistratura es un órgano de derecho con total sometimiento a la ley, su función queda estrictamente ajustada al derecho y sin ninguna vinculación a la política”.

En conclusión, la Constitución democrática de 1978 tenía por principal finalidad contribuir al mejor gobierno de los españoles en plenas condiciones de libertad y justicia. Nos parece concluyente, nadie puede negar que ese designio, ese propósito ha resultado cumplido.

Al hablar de la Constitución Española de 1978 conviene recordar, aunque sea muy brevemente, las otras constituciones que a lo largo de los años la han precedido.

Allá por 1812, cuando la inmensa parte del territorio nacional estaba bajo la ocupación francesa se promulga en Cádiz la primera Carta Magna, conocida por la Pepa, a la que le seguirán el Estatuto Real de 1834 y las sucesivas Ley de Leyes de 1837, 1845, 1856, 1869, 1876 y 1931, siendo esta última la que proclama la II República Española y genera el destierro voluntario de Alfonso XIII, cuyo periodo de vigencia alcanza hasta el final de la Guerra Civil.

Como se suele decir, esto ya es historia y dentro de este tiempo cumple referirnos a la vigente. La de ahora mismo, la que es fruto del "consenso", la que algunos dicen que es la de la "ruptura desde la reforma", y tantas otras cosas más, que a unos nos hacen sentirnos viejos, y, supongo, que a otros hasta indiferentes con su texto, y mucho más con la propia conmemoración del XXV aniversario que ahora celebramos tras la votación del pueblo en referéndum.

Un cuarto de siglo lleno de acontecimientos políticos, sociales y de todo orden, que colocan a España como socio del club democrático, en el que lamentablemente muy pocos países forman parte de él.

Pero, si esto en sí mismo es importante por cuanto beneficia a todos los hombres y mujeres que viven en esta vieja piel de toro, también lo es por ser un ejemplo a seguir y exportar, por y hacia otros pueblos, que intentan alcanzar la libertad, librándose de su secular y segura ancestral tiranía.

Cuestiones estas que tienen que enorgullecernos a todos, y a la vez advertir a las nuevas generaciones para que no caigan en el olvido, la confusión o la anestesia mediática tan de moda, máxime cuando estamos asistiendo a la reinvención partidaria de cuanto ocurrió en aquel irrepetible escenario.

Y decimos esto, porque conviene recordar y agradecer la lucha abierta y decidida de una buena parte del pueblo contra un régimen dictatorial, al tiempo que buscaban una reconciliación nacional.

Pero, si importante es lo dicho, asimismo lo es adentrarnos brevemente en aquello que sindicalmente nos interesa señalar, a la luz del tiempo y políticas desarrolladas particularmente en los últimos años:

En primer lugar, podríamos entrar en múltiples materias que como ciudadanos y asalariados han dejado mucho que desear, unas veces ejercitadas por el poder ejecutivo, otras por el legislativo e incluso por el judicial. Pero aún siendo de interés no es esta la cuestión. Lo que merece una especial atención, es cuanto viene sucediéndole a nuestra "constitución laboral" que emana, como es conocido, de la Carta Magna. Es decir, nos estamos refiriendo al Estatuto de los Trabajadores. Este se está peligrosamente reinterpretando a favor del empleador gracias al pensamiento neoliberal que apuesta por el viejo principio de "más empresa y menos Estado", que es tanto como decir, ir contra los intereses de los trabajadores y el Estado de Bienestar Social.

Y en segundo lugar, la producción normativa y desarrollo de cuanto conforma el concepto social, viene padeciendo una interesada y programada merma, cuando no letargo, incidiendo un año y el otro también, en una menor inversión a través de los Presupuestos Generales del Estado, situación que coloca a los españoles por debajo de las medias europeas en gasto, a la vez que resquebraja el Estado de Bienestar.

Así las cosas, cabe insistir y propagar el sindicalismo que representamos, como modelo de autodefensa de nuestros intereses de clase y patrios. Propuestas, denuncias y exigencias deben seguir poniendo el acento en hacer más agradable la vida de los trabajadores y a la sociedad civil en su conjunto, reto al que estás llamado y a la vez ser cómplice, si ciertamente quieres un mundo mejor y más libre.

Echar la vista atrás produce algo de vértigo cuando uno recuerda nítidamente todavía el final de la dictadura, los últimos fusilamientos en septiembre de 1975, la muerte de Franco, la platajunta, las primeras elecciones constituyentes, la aprobación por las Cortes Generales de la Constitución de la Democracia, la campaña por los pueblos de La Rioja defendiéndola, los gritos e incluso pedradas al salir de algún pueblo de La Rioja que no diré ... por respeto a la mayor parte de sus vecinos.

¡Y todo eso hace 25 años! Un momento único que supuso uno de los hitos más importantes de la Historia de España. Fueron momentos ilusionantes que abrieron un camino de democracia, de paz, de prosperidad y de modernidad, cerrando una etapa negra de enfrentamiento, de intolerancia, de odios... de las dos Españas.

La Constitución del 78 incorporó los valores fundamentales de Europa –la libertad, la igualdad, el pluralismo político y el progresos social; que se desarrollaron en las acciones de los Gobiernos socialistas, en las leyes, pero lo más importante....calaron en la sociedad,. Como se demostró tras el intento golpista del 23 F, con una reacción de la sociedad y de las instituciones a la altura de las circunstancias.

La Constitución del 78 fue sobre todo el punto de partida de lo que los españoles queríamos llegar a ser y mostraba algo, de cómo queríamos serlo. Apostamos por los ciudadanos, por el desarrollo de los derechos básicos, por la igualdad, por la separación de poderes, y por el laicismo.

Hoy, 25 años después, hemos alcanzado una nueva realidad y diferente a la de 1978 y es legítimo pretender alcanzar mejoras que adapten la Constitución a las nuevas necesidades ciudadanas, territoriales e incluso internacionales de la nueva España. No podemos quedarnos, como quieren los conservadores, los que no la defendieron entonces; instalados en una actitud inmovilista ante los logros alcanzados. Una visión estática de la realidad pierde la oportunidad de obtener mejorías ante el miedo de equivocarse.

Creo que es necesario producir reformas en el Senado para constituirlo en pilar fundamental del espíritu cooperador de las autonomías, demostrando la vocación renovadora de la izquierda. No debemos tener miedo a buscar un consenso reformista, que incluso algún conservador defiende.

Aunque también hay que ser consciente de que 25 años después, y con un Gobierno del PP durante ocho años, y con mayoría absoluta, el consenso es una misión imposible porque están instalados en valores no recogidos en la Constitución. Hoy no se vive cómodo en la política, en la discrepancia, ante actitudes intolerantes, mezquinas y dictatoriales. Hoy los medios gubernamentales anatematizan y condenan al discrepante. El espíritu colectivo y solidario ante el desigual, ante el débil se vuelve en los políticos conservadores como arma de exclusión social.

Hoy, derechos constitucionales, como el derecho a la educación de calidad, a la seguridad, a la vivienda, a la cultura, a la libertad sexual, a la independencia del poder civil frente al eclesiástico ... empiezan a ser asignaturas pendientes en nuestra sociedad.

Por ello, a 25 años de la aprobación, de la Constitución, creo que más importante, más necesario que abordar la Reforma de la misma, es restablecer los valores y principios de la misma ganando las próximas elecciones a quienes están en la involución constitucional.

Mª Carmen Ortiz Lallana
Catedrática de Universidad de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de La Rioja

Todos los españoles debemos felicitarnos en el veinticinco aniversario de la Constitución. Nunca antes nuestro país había conocido un período constitucional tan largo, ni ejercitado el pluralismo, la tolerancia y el consenso en el grado en que se produjeron en 1978 para hacer posible su alumbramiento.

En el texto constitucional se declara a España como un "Estado social y democrático de Derecho" (artº 1.1 CE) y se fijan los principios básicos de la ordenación jurídica del trabajo, que han llevado a una importante transformación de las Relaciones Laborales en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Su Título preliminar, al trazar los principios y rasgos fundamentales del Estado alude a "los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales" como instituciones básicas. Bajo la rúbrica de "los derechos fundamentales y libertados públicas" incluye la libertad sindical y el derecho de huelga. Entre los "derechos y deberes de los ciudadanos" hace referencia, entre otros, al deber de trabajar de "todos los españoles", al "derecho al trabajo, a la libre profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Hace referencia, asimismo, al "derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios" y el derecho de ambos "a adoptar medidas de conflicto colectivo". Entre los principios rectores de la vida social y económica se formulan el "pleno empleo", la "formación y readaptación profesional", un "régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos" y la salvaguarda de los "derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero".

Desde estos postulados, durante más de veinte años, el Tribunal Constitucional y los Tribunales Ordinarios han llevado a cabo una intensa labor aplicativa e interpretativa que ha dado lugar a lo que se conoce como la "Constitucionalización del Derecho del Trabajo", que, sin duda, constituye un proceso de transformación de la disciplina, fuertemente impregnada del talante democrático y el respeto y efectividad de los derechos y libertades. Ha sido una evolución en la que se han involucrado de manera decisiva los agentes sociales, los gobiernos y los ciudadanos y en el que siempre han predominado las luces sobre las sombras.

En definitiva, han sido veinticinco años por los que felicitarnos, pero que desde ahora nos comprometen a todos, jueces, juristas, universitarios, sindicatos, empresarios, trabajadores y ciudadanos a seguir construyendo el largo futuro de las Relaciones Laborales en libertad y desde el entendimiento. En democracia y desde el pluralismo. A la par que celebramos los veinticinco años transcurridos asumimos la responsabilidad de hacer posible la celebración de muchos más.

Aquel 15 de junio de 1.977 lo llevamos muchos ciudadanos impreso en el corazón entre los recuerdos que nunca se borran. Tras la larga, casi interminable noche de la dictadura, amaneció por fin el día de las urnas. Fuimos a votar, muchos, por primera vez en nuestra vida. A las 9 de la mañana comenzaba la gran fiesta, las filas de votantes, la inmensa ilusión de tanta gente, el clamor del pueblo español por la democracia.

Aquellas elecciones trajeron el primer Parlamento de la nueva era. Pero todavía no se había empezado a hablar abiertamente de que lo que los españoles votaban el 15-J eran, en realidad, unas Cortes Constituyentes, un Parlamento nacional que constituyera un nuevo Estado, el Estado democrático en el que todos fuésemos iguales ante la ley, en un Estado de derecho que nos asegurase la libertad, la igualdad, el pluralismo político y en el que las leyes fuesen la expresión de la voluntad popular.

La fuerza residual del franquismo aún era palpable en aquellos ilusionados días del cambio de régimen, pero el impulso del pueblo era imparable y las fuerzas democráticas impusieron muy pronto, nada más formadas las nuevas Cortes Generales la más básica, fundamental y urgente de las tareas a acometer: elaborar una Constitución para el pueblo español.

Los diputados y senadores recién elegidos por el pueblo nos vimos así, de lleno, metidos en aquel trabajo imprescindible para asentar los cimientos del edificio de la democracia, cimientos cuya solidez nos curara del espanto de los “salvadores” de la patria. Y así comenzó a constituirse el nuevo Estado. Fue un año intenso, a veces sobresaltado por las incertidumbres y las inevitables tensiones retrógradas, tan palpables.

Y así, tras interminables reuniones, negociaciones, dos pasos adelante, uno atrás… se llegó a tener un texto con el que podíamos estar todos de acuerdo, a fuerza de querer llegar a consensos básicos para salvar un bien tan importante como la convivencia en paz y en libertad en un país de todos y para todos.

El 31 de octubre de 1.978 la Constitución Española era aprobada por las Cortes. El 6 de diciembre, el pueblo español la aprobaba por inmensa mayoría en un referendum y finalmente, el 27 de aquel diciembre de 1.978, era sancionada por el Rey. Ya teníamos Constitución. Había nacido el nuevo Estado Español.

Pero lo que parece, dicho así, tan sencillo, no fue en absoluto un camino de rosas. Fue una tarea muy difícil. La dictadura había detenido en España el reloj de la historia. Salir de ese tremendo anquilosamiento, de esa febril cerrazón del poder personal de un dictador y de sus estructuras represivas que quisieron dejarlo todo “atado y bien atado”, superar los odios de las dos Españas, los agravios, las injusticias, los miedos... era un objetivo que ahora, con la perspectiva de estos 25 años podemos valorar en toda su grandeza. Fue la gran victoria del pueblo, con las armas incruentas de la ley, el diálogo, la palabra y la convivencia democrática aseguradas por la Constitución Española, la garantía de nuestros derechos y libertades.

Llegar a un acuerdo nacional sobre algunas cuestiones fue particularmente laborioso. La Constitución no podía dejar aparte, si realmente se pretendía “constituir un Estado nuevo”, nuestro problema histórico, nunca resuelto: aceptar y dar forma jurídica al pluralismo y a las diferencias resultantes de la existencia de comunidades diferentes y diferenciadas, de países dentro de un País. Si este grave y profundo problema no se hubiese abordado, la Constitución hubiera acabado siendo papel mojado y su vida hubiera seguido la brevedad de todas las constituciones que en España se intentaron.

No puede, por lo tanto, resultar extraño que en este debate tantas veces cargado de visceralidad, la organización territorial del Estado fuera el tema más difícil de encajar y ordenar. El consenso, que tanto se alabó, era aquí más necesario y más difícil que en ninguna otra cuestión (y las había realmente espinosas, como el problema religioso o el militar, entre otras).

El recuerdo me trae ahora, mientras escribo estas líneas, la tensión que vivimos en el Senado aquellos días en que parecía que todo podía irse a pique por una frase mal formulada o por una postura intransigente. El famoso Título VIII se presentaba como el escollo realmente difícil de superar. Artículos como el 143, 148, 149 y 151 y las disposiciones adicionales y transitorias fueron un continuo dolor de cabeza y una constatación evidente de que aquí no había nada atado, como pensó el dictador.

Finalmente se optó por una redacción que reflejaba acuerdos y desacuerdos, aludiendo definiciones cerradas y manteniendo una ambigüedad fiada al diálogo y a la buena voluntad.

Diálogo, buena voluntad, espíritu de consenso, convivencia, respeto a los derechos de todos, amor a la libertad, rechazo de las maneras intolerantes… todo esto, alma de la democracia, fue el formidable motor de aquel momento crucial de nuestra historia. Ahora, a los 25 años, en este momento político que atravesamos, aquellas hermosas palabras aparecen teñidas de sombras muy inquietantes. La derecha española, este gobierno de mayoría absoluta, nos ofrece a diario muestras de regresión a unos modos y a unos talantes que considerábamos ya encerrados en el pasado.

La defensa de la democracia, ahora, vuelve a ser una necesidad política de primer orden. Ahora, cuando tanto podríamos haber esperado de 25 años de convivencia en paz y libertad.

Javier Sáenz Cosculluela
Diputado socialista en la 1ª legislatura constituyente y ex-ministro

A propósito del aniversario de la Constitución Española, compañeros a quienes aprecio vivamente me piden, a modo de remembranza, esta breve colaboración.

Por mi ideario político, por mi trayectoria vital y sin duda por otras diversas circunstancias que deparó el destino, entre las que tengo que debo destacar en primer lugar la confianza y la generosidad que me brindaron muchos compañeros y ciudadanos, tuve el honroso deber de representar a mis conciudadanos en la etapa constituyente española como Diputado a Cortes por el PSOE.

Como otros muchos españoles de mi generación, que tuvimos la edad y experiencias suficientes para conocer por ciencia propia la perversión de un sistema dictatorial como el franquista, edificado sobre el odio y el desprecio de los derechos humanos, y por razones de juventud, estando como otros muchos en disposición y voluntad de mantener un esfuerzo personal y colectivo en defensa y exigencia de un régimen de libertades que superase la penosa situación política y social española, no tuve duda alguna de que la adopción de una Constitución democrática adoptada por consenso y no impuesta ni por unos ni por otros era la clave de bóveda de nuestra evolución colectiva, el elemento decisivo para garantizar un futuro colectivo en convivencia y no en conflicto.

Cierto que muchos considerábamos nuestras ansias de justicia social, de reparto de la riqueza, de eliminación de las barreras sociales como un elemento indispensable de nuestro pensamiento político, y que no concebíamos una democracia solamente en términos jurídico-políticos que fuesen indiferentes ante el clamor social para que todos tuvieran acceso a los bienes propios de una sociedad avanzada. Pero tuvimos que percibir y reflexionar responsablemente de cuál era el principal escollo siempre presente en nuestra historia y optamos por una constitución ni tan ancha como desde una actitud idealista cabía proponer, ni tan estrecha como otros pretendían, en la que cupimos y cabemos todos, que nos aportó las reglas básicas y el contexto moral y legal necesario para poder evolucionar como pueblo civilizado.

Aquella opción fue nuestro gran éxito colectivo de los españoles y nuestro triunfo como luchadores por la democracia. Cuánto pensé en aquellos días en el Chile de Allende y sobretodo en nuestra etapa republicana previa a la Guerra Civil!

Muchos ciudadanos y muchos jóvenes albergan sueños para la colectividad. Son sueños de justicia, de cultura, de liberación, de igualdad, son sueños con la requisitoria de la impaciencia por lograr un orden justo, pero ninguno sería pensable realizarlo en algún grado de no disponerse de un sistema como el que elevamos a norma constitucional.

Yo volvería a apostar por la Constitución de estar hoy en aquel trance que vivimos en los años setenta. Esa fue una buena herencia que dejamos, como lo fue la de los constituyentes de otras naciones. Las cosas pueden ir mejor o peor, bien o mal, se avanza y se retrocede en la vida de los pueblos. Pero si existe un marco legal y moral que asumimos colectivamente como el envolvente de la acción social, cultural y política, si tenemos interiorizados los valores constitucionales, el futuro será evolutivo, los problemas tarde o temprano se abordarán correctamente, la vida de las personas seguirá valiendo, no faltará lo esencial: la libertad y el respeto mutuo sin los que, nos lo enseña la historia, los pueblos están condenados a sufrir.

Está muy bien poder empezar a disfrutar en esta España de historia tan violenta de una Constitución que ha cumplido ya veinticinco años. Sólo amarga esta celebración el terrorismo, el fanatismo de algunos.

Es cierto que la Constitución no es un dogma, que puede ir cambiando, adaptándose. Pero desconfiad de quienes desprecian la Constitución o no le dan valor a su contenido esencial. La Constitución debe llegar a ser un árbol frondoso, longevo, que de buena sombra durante mucho tiempo.

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, LA CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Muchos lo tenemos claro. Celebramos los 25 años de Constitución. Una Constitución a la que aplaudimos, queremos y defendemos, pero que no adoramos. Producto del momento, de la historia, de las buenas intenciones, del consenso posible. Con voluntad incluso de futuro, sobre todo en lo que se refiere a entronizar para siempre la pacífica convivencia de todos los españoles en torno a un sistema democrático regulado por ley.

Todo eso y mucho más, es, y puede decirse, de nuestra Constitución. Por ejemplo que no es perfecta, que es manifiestamente mejorable, que por voluntad expresa de sus redactores quedaron espacios abiertos, especialmente en lo referido al tema autonómico; que, por tanto, podemos proponer cambios y reformas sobre las que el pueblo español deberá pronunciarse en su momento.

Y sin que nadie se rasgue las vestiduras. Sin que nadie ponga en tela de juicio, ante una propuesta concreta, la lealtad constitucional de quien la hace. Porque, en todo caso, se trata de partir de la Constitución, que ya tenemos, para mejorarla. Por ejemplo en lo que se refiere a nuestro interesante y discutido Estado de las Autonomías.

El tema estrella, y hasta ahora estrellado, es la posible reforma del Senado. Una Cámara Alta que actualmente es más una simple recámara del Parlamento, que “no funciona” (José Ignacio Pérez), y que es “rigurosamente inútil” (Jordi Solé Tura). Ríos de tinta y decenas de comparecencias y discursos avalan y acompañan una “reforma” que, en principio, no tuvo nada de polémica. Todo el mundo estaba de acuerdo, empezando por el Partido Socialista que la sigue defendiendo (aunque algo más podía haber empujado en su momento de poder), y el Partido Popular, que tras plantearla en alguno de sus programas electorales, presentarla por escrito (“España, la segunda transición”, Aznar, 1994) o defenderla en el Senado (Ruiz Gallardón), ha pasado página y dejado en la estacada a su viejo líder histórico Manuel Fraga que sigue proclamando su fe en un Senado Autonómico. Algo que, por encima de vaivenes políticos, ya se podía leer en la Constitución de todos, artículo 69: “El Senado es la Cámara de representación territorial”. Está claro. Lo único que falta es acatar la Constitución, aunque para ello sea necesario enmendarla (comenzando por el propio artículo 69 que, a renglón seguido, establece la composición “provincial” y no “autonómica” del propio Senado).

Además de un Senado donde se puedan plantear y resolver los grandes temas autonómicos (infraestructuras, participación en la Unión Europea, financiación autonómica, política fiscal y reparto de fondos europeos, solidaridad, reforma de estatutos, etc.), hay otras iniciativas y propuestas que pueden ayudar a estabilizar y reforzar nuestro Estado de las Autonomías. Hacia dentro y hacia fuera. En primer lugar insistiendo en esa coordinación autonómica a través de la Conferencia de Presidentes que tantas veces se ha reclamado. (Y que, previsiblemente, puede encontrar resistencias en algún gobierno-partido nacionalista poco interesado en sentarse y sentirse como igual con todas las Comunidades). En segundo lugar articulando una presencia regular en la Unión Europea que permita a las Comunidades tratar de cerca los programas y problemas regionales y autonómicos.

Y es aquí donde pueden tener cabida esas grandes regiones supra-nacionales que pueden poner en común infraestructuras y servicios sin aspirar por ello a más retos secesionistas o independentistas. Que alguien vea en la propuesta de Maragall, por ejemplo, algo de esto último, sólo puede deberse a ignorancia o mala fe. O las dos cosas al mismo tiempo.

Y aún así, y con todo esto por delante, nos faltaría acabar el encaje de bolillos de nuestro Estado Autonómico envuelto en proyectos soberanistas a corto, medio y largo plazo. Posiblemente no exista una solución definitiva y siempre quede una puerta por cerrar, o por abrir, pero, evidentemente, una buen forma de enfrentar el problema sería convertir nuestro Estado Autonómico en un Estado Federal. No hay espacio aquí para presentar o defender con más profundidad este planteamiento, pero quede constancia de que, en realidad, nuestro Estado Autonómico es prácticamente ya un Estado Federal (como el de Alemania) a falta, sobre todo y entre otras cosas, de una Cámara Territorial. Por eso y antes de nada, reformemos ya el Senado.

Logroño 1 de octubre de 2003

ALEJANDRO BEZARES GONZALEZ
Ex Presidente de la Federación de Empresarios de Logroño y Rioja

Me acompaña una cierta nostalgia, al recordar aquellos años, en los que éramos conscientes, que nuestros actos, forzosamente habrían de condicionar nuestro futuro. Un marcado entusiasmo se palpaba en cuantos participábamos en diferentes reuniones.

El 22 de Octubre de 1976, hubo una reunión con más de 300 empresarios, dirigida por D. Manuel Conde Bandrés, entonces Presidente del Consejo Nacional de Empresarios, en la que fue abucheado por la mayoría de los presente. Ya veíamos que la antigua Organización Sindical se desmoronaba, y aunque seguía funcionando aquella estructura, íbamos en paralelo trabajando para crear otras formas de asociación, con las que aflorar una vez fuese decretada la ansiada libertad sindical.

Hubo una primera reunión en Oyón, el 13.09.76, de la que levantó Acta, y en ella, se decidió comenzar
nuestra andadura, bajo el nombre de “Asociación de Estudios Empresariales de Logroño”. Un mes después pasaría a denominarse “Asociación Empresarial de la Provincia de Logroño”. Se fueron perfilando en diversas reuniones, una o dos mensuales, las bases de la futura organización, siendo curioso resaltar, que colaboraba con nosotros en la sombra, el mismísimo Presidente del Consejo Provincial de Empresarios del antiguo Sindicato, D. Javier Sobrón, de lo que puede deducirse el grado de confianza que, lo que estábamos haciendo, nos inspiraba a todos.

El 17 de diciembre de 1976, se celebró con gran éxito en la Sala Ducal, nuestra Asamblea Constituyente. Habíamos logrado ya reunir, 249 Empresas que totalizaban 13.525 trabajadores, de sectores como Metal, Construcción, Artes Gráficas, Calzado y Piel, Textil, Madera, Alimentación, Comercio, Servicios, Agropecuario y Varios. Nuevamente un cambio de nombre, nos llevó al de “Asociación Provincial de Empresarios de Logroño”, dando constancia del Acto, D. José Antonio Escartín, notario de Logroño.

La Comisión Gestora, que nos llevó a éste importante éxito, la componían, A. Ariznavarreta, E. Berrozpe, A. Bezares, A. Fernández, J. López Trevijano, P.M. Quemada, J.A. Rocafort, M. Rubio, F. Ruiz Ilarraza, F. Ruiz F. de Pinedo, M. Torquemada, V. Ruiz Ulecia, J.I. Arzubialde, J. Bezares, J.J. Martínez, J.M. Mués, J. Sobrón, E. Jarillo, J.M. Badillo, F. Aisa, R. Domínguez, J. Quemada, M.A. Martínez, F. Gómez, M. Losantes, G. Ovejero, L. González, J.A. Solozábal, J.L. Evangelio, L.F. Rosel y F- Gonzalo.

En aquella reunión fue nombrado Gerente, D. Fernando González Olivé, anterior Delegado Provincial de la Organización Sindical, hombre experimentado, que llevó las riendas de la Asociación, en aquel primer año.

En la primera Junta Directiva, además de algunos de la Comisión Gestora, aparecieron los nombres de J.M. Ramírez, J.A. Ramírez, A. Sevilla, J. Orive, M. Ortiz Olave, J. Arrieta J. Llerins y C, Loza. Se compuso de 24 miembros y fue presidida por D. Álvaro Fernández Agustinos.

Recuerdo que comenzamos a trabajar con fuerte ritmo y asiduidad, ocupándonos de su futura estructura federativa, y hablando ya de la futura “Ley de Huelga”, que tanto nos preocupaba. Entretanto, a nivel nacional, se daban grandes pasos. El Acta de Constitución de nuestra Asociación, fue sellada en el nuevo Ministerio de Relaciones Sindicales y las diferentes Asociaciones creadas a nivel nacional (hubo cuatro), se fusionaron el 29.06.77, surgiendo la ya definitiva Confederación Española de Organizaciones Empresariales “CEOE”, de la que salió elegido Presidente D. Carlos Ferrer Salat. Logroño tuvo una presencia constante y muy activa, en este proceso de creación y nuestro Presidente Alvaro Fernández, formó parte de los doce miembros que constituyeron su Comisión Gestora.

Días después, el 8.07.77 en Asamblea Gral. Extraordinaria, se aprobaron unos estatutos, de la nueva FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOGROÑO Y RIOJA.

González Olivé abandonó, nuestra ya Federación en Diciembre de l977, para hacerse cargo de la Secretaría General de la CEPYME (pequeña y mediana Empresa). En éste mismo mes, entra como Secretario General D. Isaías Monforte. En Asamblea del 19 de dicho mes, Álvaro Fernández deja la Presidencia y fui nombrado Presidente por espacio de dos años. Contaba ya la Federación con 515 Empresas y 17.700 trabajadores.

En aquella época, habíamos adquirido ya nuestro actual inmueble, con un préstamo de la Caja de Ahorros y nuestro Presupuesto anual se acercaba a los 17 millones de ptas. La escasez de recursos se suplía con el entusiasmo de todos. Sin embargo la preocupación persistía. Carecíamos de leyes sólidas en la que basar nuestras relaciones con el mundo laboral. La Federación, recuerdo, denunció públicamente el progresivo deterioro de la actividad empresarial, como consecuencia de una continuada permisividad y pedía a la Autoridad, que exigiese el cumplimiento de la ley por igual, a todos los ciudadanos y grupos.

En este ambiente de inseguridad, vivimos la huelga del Metal, terrible confrontación que duró 42 días y supuso la desaparición de muchas Empresas del sector. Un movimiento asambleísta, nos desbordó a todos. Recuerdo especialmente la noche de San Prudencio (28 de abril de aquel año 1978), en que reunidos en una céntrico Hotel de Logroño con Julián Ariza de CC.OO. y José Luis Corcuera de UGT., venidos expresamente de Madrid, para poner punto final a la huelga, tuvimos que abandonarlo casi a medianoche, ante la presencia y presión de los huelguistas descontrolados.

Y no fue ello, lo más importante. En aquellos meses de crisis y desconcierto, cerraron para siempre sus puertas, importantísimas Empresas de nuestra Región.

Por ello creo, que la aprobación de nuestra Carta Magna, nos proporcionó a todos gran seguridad. Aunque nos faltaban algunas leyes específicas, que regulasen la actividad industrial y económica, teníamos la certeza de caminar por una firme senda. Fue, después de unos años de incertidumbres, un magnífico logro de los políticos que entonces nos representaban y de todos los españoles.

Han transcurrido ya 25 años. Dios quiera que nuestra Constitución conserve su magnífico espíritu durante muchos años más.

Javier Alonso Lombraña
S. General de la Unión Comarcal de la Rioja Alta
UGT de La Rioja

Este año, la Constitución española cumple veinticinco años desde que el pueblo mediante referendum aprobara la Ley de Leyes, como también se le conoce, allá en aquel lejano 6 de diciembre de 1978.

Como es conocido, esta Constitución se fundamenta en bases democráticas que inspiran y dan sentido a un estado social y de derecho, por las que venimos funcionando y que por suerte superan las normas impuestas por las armas del franquismo.

Pero dicho esto que es de cajón, quiero resaltar algunos derechos que en mi opinión merecen no ser olvidados por interesantes y por que a la vez incorporan a nuestro pueblo al selecto y por tanto minoritario grupo de naciones que tienen una Carta Magna tan llena de libertades, sin que ello, evidentemente merme la importancia del resto de artículos que la conforman. Párrafos llenos de contenido que por mor de las circunstancias, están más que nunca en plena vigencia. Estos a mi entender son los siguientes: no discriminación por circunstancias personales o sociales, derecho a la vida, a la libertad ideológica y religiosa, espresión, reunión, asociación, participación y un sin fin de derechos y deberes que los ciudadanos de toda condición disfrutan gracias al esfuerzo que realizaron aquellos que desde el exilio o la clandestinidad forzada, creían en la superación de un estado opresor y a la vez se esforzaron por superar desavenencias muy arraigadas, que dieron paso a la evidente concordia inaugurando un tiempo de paz y ejemplo para otros pueblos, que por semejantes atrocidades pasaron y pasan. Derechos en cualquier caso que siguen en plena vigencia y que merecen un reforzamiento ante el cariz que en algunos ámbitos se están fraguando y que nos llevan a mermas presupuestarias, poniendo en riesgo en parte, el estado de bienestar fomentado desde la Constitución.

Finalmente quiero manifestar mi inquietud, pero a la vez muy respetuoso ante la opinión de algunos políticos e intelectuales, que ponen en ocasiones de manifiesto la más que conveniente modificación de nuestra Constitución, para adecuarla a la realidad del momento en el que vivimos. Opiniones vertidas a través de estudios, conferencias y declaraciones periodísticas y que fácilmente todos tenemos acceso. Ante este libertad, la de opinar y pensar, solo cabe celebrar que las mismas se den con y gracias a la libertad que respiramos, aunque yo personalmente y de momento, más me inclino a pensar que, antes de modificar se analice el grado de desarrollo así como, cual es la inclinación ideológico del mismo que se ha dado a través de los sucesivos Parlamentos y Gobiernos. Porque es evidente que, en lo social todavía hay mucho por hacer.

Por lo demás acabo con la inevitable alegría que nos brinda, el poder disfrutar de la existencia de esta Constitución y, que cumpla otros 25 años más.

Para que la conmemoración del 25 aniversario de la Constitución sea fecunda -y deseo fervientemente que sea así- debemos, al menos, plantearnos tres tareas: hacer memoria, con sentido de la verdad histórica, del momento de su nacimiento, el “proceso constituyente”; hacer balance del período, ya dilatado, en el que el nuevo marco de nuestra convivencia ha desplegado sus efectos; proyectar hacia el futuro lo que la Constitución misma significa.

Hacer memoria es, desde luego, la primera tarea. Quienes fuimos testigos y, modestamente, partícipes de aquel excepcional momento histórico, debemos transmitir a las generaciones que nos han sucedido nuestras vivencias más profundas y el sentido de la obra que, con el impulso de la Corona, protagonizó el pueblo español. Cuando el Rey Juan Carlos I asumió la Jefatura del Estado la inmensa mayoría de los españoles percibimos con claridad que se había cerrado una página de nuestra historia y que se abría otra prometedora en posibilidades. Que teníamos ante nosotros las circunstancias más favorables para superar viejos litigios históricos y sentar con bases nuevas el edificio de nuestra convivencia. Nació así el “espíritu de la concordia” que animó todo el proceso constituyente. El Rey fue el motor ejemplar de ese espíritu. Y a él contribuyeron la práctica totalidad de las fuerzas políticas. La clave del éxito de la Constitución radica precisamente en que no recogió enteramente las posiciones de ninguna de las fuerzas políticas constituyentes, pero no marginó a nadie. La condición de que todos los españoles quepamos en ella con holgura es que todos tuvimos que hacer concesiones en aras de una convivencia duradera y con bases sólidas.

Éramos conscientes de que el nuevo edificio constitucional debía incorporar definitivamente a España al grupo de naciones más libre, justo y desarrollado del mundo. De ahí que la Constitución haya diseñado un sistema de derechos y libertades y una organización institucional, propios del Estado social y democrático de Derecho. Y de ahí, también, que, al asumir la realidad histórica de España como nación plural, convenimos en organizar el Estado de las Autonomías, capaz de integrar solidariamente a todos los ciudadanos y a todas las Comunidades que forman parte de su rica diversidad.

El balance de estos veinticinco años de vigencia de la Constitución no puede ser más satisfactorio para el conjunto de los ciudadanos. España se ha abierto al mundo; se ha integrado plenamente en el proceso de construcción europea; ha progresado como en ningún otro período de la época contemporánea; la democracia ha funcionado y ha permitido la alternancia en el poder, la expansión de nuestras libertades y la creciente participación de los ciudadanos en las tareas públicas; el bienestar de los españoles se ha incrementado y llegado a las capa más amplias de las sociedad. Tenemos el derecho y el deber de comparar este período con otros de nuestro pasado. ¿Y no son incontestables los frutos de este sistema de convivencia que hace 25 años nos dimos los españoles?.

Y de este juicio, que ha de ser sereno y ecuánime, nace también nuestro aprecio por la Constitución y por su proyección en el futuro. Es lo que algunos llamamos el “patriotismo de la España constitucional”, que nos invita a impulsar un proyecto atractivo, compartido, y asentado en los valores y principios que aseguran nuestra vida en común y un porvenir con prosperidad.

Sabemos que el único enemigo de este proyecto y de nuestra convivencia es el terrorismo. Ha sido la lacra que hemos padecido en estos veinticinco años. Su objetivo es patente: quebrar la unidad de España e implantar un orden totalitario, de raíces étcnicas, en una parte de nuestro territorio. La fortaleza del Estado de Derecho es la garantía de que el terrorismo será derrotado, sin concesiones ni precios.

Estas son las tres tareas a las que invito, cuando nos preparamos a conmemorar el 25 aniversario de la Constitución. Al examinarla ahora, podemos afirmar que se trata de una obra bien hecha, sobre todo por el espíritu que la anima, que es su verdadera esencia. Por ello renovar ahora ese espíritu es la mejor manera de conmemorarla, con la convicción de que la estabilidad constitucional es la garantía de nuestro futuro.

Domingo Álvarez y Ruiz de Viñaspre.
Senador, que fué, de Junio 1977 a abril 1993.

Estos XXV años transcurridos, además de consolidar el período más largo de supervivencia de una Constitución en España, constituyen un buen observatorio para otear el horizonte político, y extraer conclusiones del porqué de la validez de nuestra Constitución, su prolongación en el tiempo y su futuro, con un horizonte despejado para una larguísima vida de generaciones venideras.

Como muy bien apuntó Oscar Alzaga, en la conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, Enero de 1977, la última etapa del Régimen anterior estaba presidida por la dialéctica entre lo que la prensa dio en llamar el aperturismo y el inmovilismo.

Los aperturistas habían logrado un sustancial avance en el terreno de la libertad de expresión. Había llegado el momento que, para todos, menos para los ultra-conservadores, era patente la necesidad de sustituir las instituciones políticas provinientes del antiguo régimen. En ese momento se plantea, ruptura o reforma. El tiempo transcurrido, el mejor juez que tiene la historia, nos confirma que la reforma, plasmada en aquella Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes en sesión plenaria, 18 de Noviembre de 1976 y ratificada por abrumadora mayoría popular en el Referéndum celebrado el 15 de Diciembre, era el mejor camino emprendido para llegar a una transición, donde el diálogo y la convivencia política fueron el exponente del saber hacer política en momentos difíciles.

Había llegado el momento de elaborar una Constitución, crear la norma que en lo sucesivo habría de regir la vida de los españoles

¿Cuál fue el secreto que presidió los debates que hicieron posible cerrar esta etapa con broche de oro, como fue, la Constitución de 1978?.

La respuesta es, el consenso. Nuestro diccionario lo define como el asenso o el consentimiento de todos los miembros de una corporación. Palabra que ha quedado acuñada en el trabajo político diario. El llegar a ese consenso no fue fácil, en los debates constitucionales hubo momentos en que la cuestión se tensó al máximo, temiendo por la ruptura de los debates, pero hemos de agradecer a la clase política de entonces, el saber defender con ardor sus posiciones ideológicas, el saber ceder, sin rebajar cada uno, lo más mínimo de sus convicciones, para llegar a un acuerdo en el que fuera posible la convivencia de toda la sociedad española, e implantar el Estado de Derecho, tras el cambio importante y transcendente que se había dado.

Se dijo que era una buena Constitución porque no dejaba a nadie satisfecho del todo, es como esas partidas en las que todos ganan, precisamente porque no hay ningún claro vencedor, pero aquí, si hubo un vencedor, el pueblo español. La pregunta que surge es, ¿sería posible, ahora, el mismo espíritu de consenso que hubo en los debates que dieron origen al nacimiento de la Constitución?, la respuesta hágala cada uno, yo tengo la mía. Sé que las circunstancias son distintas, también, las motivaciones que empujaron a los que dieron el salto a la política en aquellos decisivos momentos. Aquel altruismo, que invadía todos los partidos políticos al dar el paso al frente, quizá, porque nos jugábamos un futuro de libertad, hoy ya no existe. El parangón, entre el espíritu de los descubridores de una región, y los colonizadores que vienen detrás, podría ser un símil, salvando distancias y no queriendo ofender a nadie.

Consolidada la libertad y el Estado de Derecho, valores, que exigían una constante lucha hasta conseguirlos, y, posteriormente, una estrecha vigilancia ante los riesgos que podían correr, como pudimos comprobar ante el 23 F, el trabajo político, siempre interesante, quiérase o no, en su posterior desarrollo adquiere unas características distintas.

Con alguna frecuencia suenan voces, exigiendo reformas de algunos tramos de la Constitución, “que si las Autonomías se les fueron de las manos”, a lo que algunos responden, que el abrir la Constitución podría ser como abrir la caja de Pandora, ante lo que se impone la prudencia de no tocarla. Yo creo que, en esta vida todo es manifiestamente mejorable, si bien, hemos de tener presente el refrán que dice, “muchas veces, lo mejor es enemigo de lo bueno”. Aunque yo me pregunto, vista la situación creada, en algunos Parlamentos, si bien, por distintos motivos, el caso de Madrid, elecciones 25 M, con el consiguiente escándalo político, versión renovada y ampliada de otra vivida anteriormente, y el problema existente en el Parlamento de Vitoria, como botones de muestra, y la situación creada ante la transferencia de algunas competencias en determinados Estatutos de Autonomía, ¿no será necesario dotarnos de alguna norma o procedimiento que dé solución a este barullo político, que puede volver a repetirse en cualquier momento, y que de agilidad a la solución de estos problemas?. El tan debatido Título VIII……., la Ley Electoral, a la que tan reacios están los partidos políticos a reformar……

Recuerdo aquellas sesiones maratonianas, primero en el Congreso, finalizando el 21 de Junio 1978, luego en el Senado, finalizando el 5 de Octubre de 1978, publicando en el BOE, 13 Octubre 1978, las modificaciones al texto Proyecto de Constitución propuestas por el Senado.

Mas adelante la Comisión Mixta Congreso-Senado, emite su dictamen, publicado en el BOE 28 Octubre 1978. Congreso de los Diputados y Senado, aprueban el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, cada Cámara por separado, con fecha 31 de Octubre de 1978. Publicación del Presidente de las Cortes, 6 de Noviembre de 1978, de haber quedado aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Refrenden, Su Majestad el Rey, somete a Refrenden de la nación española el Proyecto de Constitución, por Real Decreto 2560/1978, publicado en el BOE 6 de Noviembre 1978.
Celebrado el Refrenden 6 de Diciembre de 1978, cuyo resultado fue el siguiente: 26.632.180 electores, votaron 17.873.308. Votos a favor 15.706.078, votos en contra 1.400.505, votos en blanco 632.907, votos nulos 133.786.
La realidad es que hoy disfrutamos de una Constitución, quizá de las más avanzadas el mundo occidental, cimiento en el que descansa toda nuestra democracia, y permite salvar las circunstancias más difíciles y espinosas que en nuestra vida política puedan presentarse. Podemos celebrar jubilosamente estas bodas de Plata de nuestra Constitución, deseando sea la norma que rija la vida de los españoles por muchísimo tiempo, de lo que, todos, debemos felicitarnos.

Carmelo Fernández Herrero
Senador de la legislatura Constituyente
Caballero de la Orden al Merito Constitucional

En la primavera de 1.977, tuve la primera “cariñosa reprimenda” por parte de un compañero de candidatura con la que concurrí a las primeras elecciones democráticas. ¿Motivo?. Se consideraba demasiado comprometido el comienzo de mi discurso en el mitin que hicimos en el Instituto Sagasta y que decía::

“ La campaña electoral avanza e inicia ya su cuenta atrás. En ella hemos venido poniendo de manifiesto la necesidad de una reforma política que, plasmada en un NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL, organice el Estado en función del pueblo español actual y futuro.”

Entonces nada estaba escrito. Nadie formalmente afronto aquellas elecciones como el inicio de un Legislatura Constituyente, independientemente que unos abogásemos por que así fuera y otros negasen tal posibilidad. El debate, reforma o ruptura, estaba servido.

Pues bien, celebradas las mismas la conjunción, de los resultados electorales que dieron mayor peso político a los partidos proclives a ello, de una opinión publica deseosa del reencuentro definitivo entre las dos Españas, y sobre todo la voluntad de las nuevas generaciones que no habían participado en la Guerra Civil, permitieron abrir el camino a las tesis reformistas.

Con ese espíritu se creo la Comisión Constitucional en el Congreso, y entonces ocurrió el milagro, en esa Comisión fueron confluyendo las dos tesis.
Todo, concluyó con la aprobación por el Congreso y Senado en sesión conjunta celebrada el 27 de diciembre de 1978, del texto constitucional que había sido refrendado por el pueblo español con fecha 6 del mismo mes y que sancionado por el Rey, fue publicado el día 29, para no hacer coincidir su publicación con la fecha de la celebración de los Santos Inocentes.

¿En que consistió el milagro? Pues llana y simplemente, que llegamos a la ruptura con el régimen anterior como consecuencia de un proceso constituyente reformista y no al revés. Dando solución al primer gran debate de aquellos años.

Han pasado veinticinco años, es necesario volver a preguntarnos ¿Se han conseguido los objetivos que se perseguían? ? ¿Siguen siendo validos los principios que la inspiraron? ¿Ha sido un instrumento útil para la convivencia en paz y el progreso de los españoles? ¿Hay que cambiar algo? ¿El que y en que condiciones?

A mi juicio, las respuestas a las preguntas es un sí rotundo, sobre la base de la siguiente argumentación:

Lo fundamental que fue lo menos discutido, propiciando el consenso posterior, esta recogido en el preámbulo y el articulo primero y hoy en día están incorporados al acervo cultural y político de todos los españoles, sin discusión alguna.

Me estoy refiriendo al articulo primero cuando afirma que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y el principio de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Igualmente, podemos decir que disfrutamos de un régimen de libertades que resiste con ventaja la comparación con los estados más libres del universo. Es cierto, que últimamente, algunas flaquezas están surgiendo lo que nos debe mantener alerta. En el campo de la libertad no se puede ceder ni un ápice de lo conquistado..

Es obvio, que con su desarrollo se han creado las condiciones que han permitido alcanzar cuotas de desarrollo social y económico, que se han traducido en bienestar y progreso.

Ha conseguido, que podamos ser respetados en el ámbito de los países libres y por ende la incorporación al tren de la historia en igualdad de condiciones que los Estados de nuestro entorno.

Siendo, como es, una Constitución consensuada, y por lo tanto no impuesta a nadie por nadie, ha facilitado vivir el periodo más largo de paz constitucional de nuestra historia.

Ha demostrado servir para el gobierno de España con Partidos de distinto signo político, Centro, Izquierda y Derecha, virtud que no tenía la Constitución de 1931.

El modelo de desarrollo autonómico por el que apostó esta Constitución, lo más novedoso sin duda de ella, hasta el punto de haberse denominado por algunos autores como la Constitución de las Autonomías, ha hecho que nuestras Comunidades, sean Nacionalidades o Regiones, hayan conseguido cotas de autogobierno, no alcanzadas por Nación, Región, Lander o cualquier otra denominación que en las distintas organizaciones del Estado se dan en el mundo occidental. Permitiendo, hasta ahora, una convivencia territorial tradicionalmente fracasada a través de nuestra historia de los últimos siglo

Y si esto es así, ¿Hay motivo para su modificación, o bien de la sutileza en boga de una relectura de la misma?

Sin duda, las voces que esto reclaman, tienen toda la legitimidad para pretenderlo, porque toda obra humana puede estar sometida a revisión.

No dudo, igualmente, que estas voces en unos casos están cargadas de razones y son demandas avaladas por una amplia mayoría, caso de la reforma del Senado, con o sin reforma de la Constitución. Otras, a mi juicio, no tanto. Nacidas de afirmaciones falsas como “estamos en una segunda transición “ o la de los Nacionalismos periféricos pretendiendo volver a la situación anterior a 1.978 y que todo el edificio que se ha construido sobre el pilar básico de la Constitución de ese año, ya no sirve

En uno y otro caso, estimo, que cualquier paso adelante que pretenda darse y, habrá que darlos, debería cumplir con cuatro ideas irrenunciables:

a) Que siguen vigentes los compromisos básicos establecidos en la Constitución de 1.978.
b) Que la garantía de los derechos reside en ella y en las leyes y no en interpretaciones historicistas de la misma.
c) Que no vivimos una segunda transición o un nuevo periodo constituyente que permitiría replantear compromisos sin tener en cuenta las reglas constitucionales.
d) Que deben permanecer intactos los instrumentos estatales que sirven para luchar contra las desigualdades.

Lo que es meridianamente claro, a mi entender, es que esta Constitución tiene voluntad de permanencia, con nuevas aportaciones o sin ellas, por lo que necesitara del esfuerzo continuado de todos y durante muchas generaciones, para seguir haciendo camino en esta España, vieja y cansada de tantos fracasos constitucionales.

Finalmente y como reflexión decir, que releía un excelente trabajo sobre, “ la Constitución día día”, publicado por el Congreso de los Diputados. En él se relata, que sometidos uno de los autores, a una encuesta periodística sobre cual de los artículos de la Constitución les gustaba más y cual el menos, tras estudiar de nuevo el texto, no supo contestar. Todos tienen bueno y malo, añadía, de tal forma que se podía coger una tijera cortar los artículos de la Constitución por la mitad y dejar dos tiras. A un lado estaría la tira que más me gustaría y en otro la que más me disgustaría. Pero lo que me gustaría mas que todo es volver a pegar las dos tiras, volverlas a unir y dejar la Constitución tal como está, de tal forma que a nadie le pueda gustar del todo ni disgustar completamente y pueda ser por eso, como yo creo, la Constitución de todos. La Constitución de las dos Españas.

Ignacio Espinosa Casares
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Entre esta fórmula de juramento: “Juro ante Dios y los Santos Evangelios incondicional adhesión al Caudillo de España, administrar recta e imparcial justicia, obedecer las Leyes y disposiciones referentes al ejercicio del cargo sin otro móvil que el fiel cumplimiento del deber y el bien de España”, y esta otra: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”, media algo tan esencial como la Constitución Española de 1978.

Ella fue la que dispuso que España se constituyera en un Estado social y democrático de Derecho, que propugnara, como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

A mis hijos –que cada vez me parecen más mayores- y a mis alumnos –que cada vez me parecen más jóvenes- les cuesta comprender qué le encontramos a nuestra Constitución para que nos parezca tan hermosa. Afortunadamente, están tan acostumbrados a vivir en libertad, que les parece algo tan elemental, tan natural, que ni se les pasa por la cabeza que no siempre haya sido así.

Hablarles de los Principios del Movimiento Nacional, de 1958; del Fuero de los Españoles, de 1945; del Fuero del Trabajo de 1938; de la Ley Constitutiva de las Cortes, de 1942; o de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947, es para ellos como hablarles de la prehistoria. Y, sin embargo, nuestra querida constitución, que acabó con esa basura jurídica y social, sólo tiene 25 años.

Esa Constitución, en sus artículos 117 y siguientes, dedicados al Poder Judicial, lo constituye como un tercer poder, afortunadamente separado de los otros dos poderes del Estado, pero sometido al imperio de la ley, como expresión de la soberanía popular, y haciéndole garante de la tutela procesal efectiva de los derechos fundamentales, y de las libertades públicas. Propugna un Poder Judicial independiente, y le otorga un emplazamiento constitucional que le permite ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley –algunos a regañadientes,- os suena lo de “acato la sentencia, pero no la comparto”- , así como controlar la legalidad de la actuación administrativa, y ofrecer a todas las personas la tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

Ese principio de la independencia judicial, proclamado en la Constitución –con su correspondiente contrapeso de exigencia de responsabilidades penales, civiles y administrativas para los Jueces incumplidores del ordenamiento jurídico- está siendo amenazado en la actualidad por los grandes grupos de presión, ya sean políticos, económicos o mediáticos -o todo a la vez-. Para esos poderes fácticos, eso de la independencia judicial está bien siempre y cuando me den la razón, pero de lo contrario, ¡qué se han creído estos jueces! Yo se lo diré: nos hemos tomado en serio nuestro papel constitucional.

La justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados independientes, nos dice la propia Constitución ¿son independientes los Jueces?. Naturalmente que si, y de forma plena. De ahí se deriva la obligación que se impone a los poderes públicos y a los particulares de respetar la independencia judicial.

Incluso son independientes frente a los propios órganos jurisdicionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o Tribunales corrijan, a no ser con ocasión del recurso que legalmente proceda, la actuación de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones de carácter general y relativas a la aplicación o interpretación de la Ley.