El sistema educativo en España no está en crisis. Nuestra educación tiene que evolucionar hacia un estadio necesario que garantice que problemas actuales sean resueltos a medio plazo.

Nuestro sistema, me refiero a los centros sostenidos con fondos públicos, y principalmente a los públicos, se enfrenta a una situación en la que conviven tres variables a resolver: el abandono prematuro, el acoso y la violencia escolar multicausal y el encaje de la realidad de la inmigración.

Además, existe un problema general de conciencia en torno al sistema público, presentado como decadente, lo que nos podría llevar a exclamar aquello de me duele la educación.

Pero a mí lo que me duele es la falta de voluntad política de la derecha de asumir la educación como servicio público, pilar, sin embargo, para una izquierda que concibe ésta como el primer medio para alcanzar la emancipación, la cultura, la formación cívica, es decir, que apuesta por la educación como el generador de herramientas de convivencia colectiva para conseguir la vida buena.

El estadio del que hablaba al inicio se puede lograr con financiación suficiente, colaboración suficiente de los agentes implicados, lo que implica una participación activa, cooperación territorial y entendimiento político, que permita dotar al sistema de estabilidad y prestigio.

En tono a las variables, avanzaremos en los datos del éxito escolar a través de la aplicación de medidas incluyentes, que se basen en la atención a la diversidad y en la recuperación específica, sobre todo en primaria, lo que hace que tengamos más motivos para ser optimistas que pesimistas.

Sobre el acoso y la violencia en las aulas, el enfoque ha de ser general, entendiendo que las situaciones de violencia y de acoso se generan de forma relativamente fácil en el seno de la sociedad, y que en el caso escolar responden a una ansia de demostración de poder propiamente juvenil, a problemas familiares, ausencia de motivación o expectativas, y otras muchas causas, a las que hay que enfrentarse con autoritas, y también enseñando que la justa convivencia se asienta sobre normas que nos acotan nuestra actuación sobre los demás, y que deben cumplirse. Los estudiantes del sistema obligatorio, se forma especial, han de comprender esta máxima, de forma teórica y real. En todo caso, el problema hay que tratarlo desde la atención debida a las víctimas y a los agresores, para que no queden excluidos de su proceso formativo y laboral, a la par que debemos trabajar en la prevención de conflictos con más mediadores y educadores sociales.

Por último, nos queda el reto del encaje adecuado de los estudiantes inmigrantes en el sistema. Es necesario que haya una responsabilidad compartida en su escolarización, que su integración en el sistema sea por el nivel de conocimientos, que se fomente la inclusión en el centro, que se refuerce el aprendizaje del idioma y sobre todo, que las normas comunes laicas garanticen unas relaciones básicas que permitan educarse y prepararse para el futuro en condiciones óptimas.

En resumen, nuestra ecuación pública tiene una salud mejorable, pero no está enferma. Trabajando lo necesario en la buena dirección, cada vez habrá más jóvenes con bachillerato y formación profesional, se producirán menos situaciones de violencia y acoso y la inmigración no será un problema, sino una característica más de un sistema educativo propia de un país moderno y avanzado, que forma ciudadanos competentes y comprometidos.