Nadie pone en cuestión que la sociedad española ha tenido un alto grado de desarrollo económico y social en el periodo democrático. De tal manera que nuestro país es puesto como un ejemplo para aquellos otros países que están en perçiodos convulsos o transición democrática en su historia. Y, los estudiosos destacan que uno de los facrtores determinantes que han contribuido a ello es el alto grado de consenso entre los actores sociales más importantes, empresarios y sindicatos, en la búsqueda del bien general, del desarrollo económico y social del conjunto de la sociedad. Los grandes pactos de carácter político-social de la transición han dado paso, en los tiempos más recientes, a acuerdos sobre aspectos más concretos y ligados con los problemas reales de nuestra sociedad, teniendo siempre como ejes el empleo y el desarrollo económico y social. En este sentido son destacables los Acuerdos interconfederales para la Negociación Colectiva desde 2002 hasta la actualidad entre la representación empresarial CEOE-CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO y el proceso de Diálogo Social con el Gobierno de la Nación desde 2004 y que ha desarrollado un nutrido grupo de acuerdos: Acuerdo para la Mejora de la Competitividad y en Empleo (AMCE), Acuerdo para la Mejora de la Protección por desempleo de los trabajadores agrarios, acuerdo sobre el Estatuto del Trabajador Autónomo, los acuerdos sobre Incrementos de Salario Mínimo Interprofesional e IPREM, las Leyes de Igualdad entre hombres y Mujeres y de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de discapacidad, sobre Prevención de Riesgos Laborales, el Acuerdo Marco de Colaboración para impulsar el desarrollo de los sectores industriales, el IV Acuerdo Nacional de Formación, el Acuerdo sobre formación profesional para el empleo, Acuerdo sobre Reglamento de la Ley de Extranjería… en fín, una serie de acuerdos que el Gobierno de la Nación ha concrteado en leyes, decretos y órdenes ministeriales y que, para UGT, suponen un salto cualitativo en la participación democrática de los agentes sociales en aquellas materias que afectan al conjunto de la sociedad.

Este es un modelo de participación que viene siendo exigido por la Unión Europea de acuerdo con sus fines de lograr la cohesión social y política y al que UGT ha dado impulso en todos los ámbitos porque es copartícipe de su propia concepción, de un modelo de España y de Europa que se haga con y para sus ciudadanos.

Y este modelo de ser y hacer es necesario, ahora más que nunca, para nuestra Rioja. La sociedad riojana exige a todos compromisos y pautas de comportamiento que sustenten un modelo de concertación social en toda su dimensión.

La realidad hasta la fecha es que las organizaciones sindicales más representativas venimos firmando con los empresarios y el gobierno regional una serie de acuerdos que permiten fijar objetivos políticos al gobierno regional a lo largo de la legislatura.

Los empresarios históricamente han visto útil esta fórmula de negociación al ver reflejadas sus demandas en dotaciones para las empresas que después se reflejan en infraestructuras, suelo industrial, muchas y diversas subvenciones y ayudas suculentas (ADER, centros tecnológicos…) beneficiosas para su actividad empresarial. Sin embargo, desde UGT hemos constatado que las oportunidades que la concertación podría ofrecer para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores apenas se ven reflejadas y los trabajadores y trabajadoras riojanos somos en muy distinta forma beneficiarios de estos acuerdos.

En efecto, el trabajador se pregunta ¿Dónde están los acuerdos que permiten fortalecer la negociación colectiva? ¿Qué articulados de esos acuerdos establecen mejoras laborales? ¿Cómo se reflejan en los contratos precarios, en los salarios, en las condiciones de trabajo, en la salud laboral, en el derecho fundamental a la igualdad, al desarrollo profesional…? Todo se deja a actuaciones unilaterales de algunas partes que no han servido para superar los graves problemas laborales y sociales: deslocalizaciones y cierres de empresas, condiciones de trabajo, precariedad laboral, bajos salarios, carencia de vivienda y precios desorbitados, fracaso escolar, bolsas de pobreza, desigualdades y desintegración social…

A estas fechas la falta de transparencia y el desconocimiento sobre el desmantelameinto de Electrolux es una muestra significativa. Todos conocemos el proceso muy distinto de Delphi en Cádiz y la solución conseguida en consenso y con la implicación de todos.

En La Rioja se ha mantenido un anterior marco de concertación con una negociación global que pretende abarcar todos los asuntos que ha mostrado su ineficacia en cuanto a los trabajadores y que UGT considera que la dinámica actual debe dar por superado. Su planteamiento global y genérico no ha permitido establecer pautas especificas para solucionar los problemas concretos de los trabajadores. Por ello, los trabajadores observan lejana una negociación en la que no comprueban que va con ellos, con los problemas en su empresa, en su trabajo, que quizás puede ser eficaz para unos, pero no ven reflejados sus problemas laborales, ni mucho menos su solución.

Empresarios y trabajadores tenemos mucho en común. Es obvio: sin trabajadores no existe empresa y sin empresa no existen trabajadores. Por tanto, empresarios y sindicatos estamos obligados a establecer una negociación diferenciada que permita hablar de los asuntos que nos son propios, del ámbito laboral, en un marco autónomo de relaciones laborales. De este marco negociador se van a derivar asuntos consensuados en los que es necesaria la actuación posterior del gobierno regional. Será el momento para dar carta de naturaleza vía decreto o iniciativa legislativa a cuestiones acordadas en el marco laboral. Pero con claridad y delimitando los ámbitos respectivos de actuación.

La UGT también considera necesaria una negociación por el futuro de La Rioja , de carácter tripartito (gobierno regional, empresarios y trabajadores a través de las organizaciones sindicales) que puede y debe establecer mejoras sociales e iniciativas políticas en beneficio de La Rioja. En unos casos para resolver desde aquí los problemas de nuestra región y en otros para proponer actuaciones para el desarrollo regional, en lo económico, en lo social y en lo laboral ante el gobierno de España y la propia Unión Europea.

Y también es una necesidad extender este diálogo social a los ayuntamientos y comarcas de la Comunidad , de modo que se articule una verdadera cohesión territorial en su triple dimensión económica, social y laboral y el conjunto de los riojanos y riojanas puedan convertirse en los auténticos protagonistas y beneficiarios.

Enrique Raposo Gil
Secretario de Acción Sindical