UGT de La Rioja considera que la renovación de la directiva sobre Tiempo de Trabajo, aprobada por el Consejo de la UE el pasado 9 de junio, supone un grave retroceso en los derechos de los trabajadores, no les protege contra los peligros que las largas jornadas provocarán en su salud y seguridad y constituye un obstáculo para la conciliación de la vida profesional y personal.
Entre los aspectos que más preocupan a UGT de La Rioja, destacan los siguientes:
- Por un lado, permitirá el alargamiento de la jornada muy por encima de las 48 horas actuales. El acuerdo individual entre empresa y trabajador deja a éste en una posición de negociación más débil y, prácticamente, a merced de la empresa. A su vez, introduce, por primera vez, la posibilidad de que se renuncie a derechos, suponiendo un atentado contra la negociación colectiva.
- En la práctica, significa suprimir las garantías de la Directiva respecto a la obligación de que los trabajadores dispongan de un tiempo de descanso equivalente, permitiendo que los Estados definan el “periodo razonable”, en el que la empresa debe devolver el tiempo de trabajo realizado en exceso sobre el límite de la jornada semanal. La expresión “tiempo razonable” es sumamente ambigua.
- No considera el periodo inactivo como tiempo de trabajo. Entre otros, el sector sanitario será uno de los más afectados.
En definitiva, si la Directiva se aprobase en las condiciones pretendidas va a ser la primera directiva social que introduzca una regresión en la protección de los trabajadores, sin ofrecer un acuerdo aceptable sobre modernización e innovación en la organización del tiempo de trabajo.
Sin embargo, UGT confía en que la segunda lectura y posterior debate en el Parlamento Europeo sirvan para rectificar las “agresiones” a los derechos fundamentales de los trabajadores. La adopción de la Directiva revisada en la forma aprobada por el Consejo supone, además, una regresión en los Tratados europeos.
UGT, en línea con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), está dispuesta a emprender todas las acciones legítimas para conseguir que la futura directiva sea acorde con los Tratados Europeo y con la Carta de los derechos fundamentales de la UE y no suponga un retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos.
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