La sentencia condena solidariamente al Consistorio, a Adlar y a la actual concesionaria del servicio

La Justicia ha dado la razón a UGT y ha confirmado la existencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Logroño sobre los impagos que las trabajadoras de ayuda a domicilio venían sufriendo por parte de la anterior adjudicataria del servicio, Adlar. Así queda plasmado en las primeras 15 sentencias que han sido resueltas -existen hasta 60 reclamaciones judiciales, 49 de ellas efectuadas por UGT- y que condenan de manera solidaria al Ayuntamiento de Logroño, a Adlar -concesionaria anterior que provocó los impagos- y a la actual prestadora de este servicio, Servisar, al abono conjunto de dichas nóminas.

En definitiva, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento era total conocedor del problema que tenían sus trabajadoras -porque la propia FSP-UGT así se lo había manifestado a través de escritos y reuniones con la responsable de Política Social, Paloma Corres, y con la propia alcaldesa, Cuca Gamarra-, la sentencia viene a confirmar que este Consistorio ha sido cómplice de esta situación de precariedad laboral.

De ahí la importancia de estas sentencias condenatorias para el ayuntamiento de Logroño, que destacan la responsabilidad de las Administraciones Públicas sobre las empresas concesionarias de servicios públicos. Como defiende la secretaria del sector de Acción e Intervención Social y Dependencia de FSP-UGT en La Rioja, Ana Victoria del Vigo, “es responsabilidad de los ayuntamientos e instituciones públicas, como empresa principal del Servicio de Ayuda a domicilio, garantizar los derechos de sus trabajadores y evitar situaciones como las vividas en ADLAR, y que hablemos de empleados públicos de primera y de segunda. Y por tanto, de Servicios Públicos de primera y de segunda”.

Además de en el Ayuntamiento de Logroño los impagos de ADLAR se han dado en el ayuntamiento de Agoncillo y las mancomunidades de Rioja Alta, Valvanera, Najerilla, Cuatro Ríos y Ocón, entre otras. La Federación de Servicios Públicos de UGT continuará trabajando en la defensa de los Servicios Sociales de calidad, y contra la práctica de externalizar servicios públicos para reducir costes perjudicando a los trabajadores de estos servicios, ya que en muchos casos las adjudicaciones se dan con bajadas por debajo del coste hora del servicio.Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado. Es necesario que en los pliegos de condiciones se recoja el cumplimiento de los Convenios así como su vigilancia y control.

FSP- UGT ya inició una campaña con reuniones por ayuntamiento y mancomunidades de La Rioja y nos satisface comprobar como el ayuntamiento de Alfaro ha hecho público que penalizará el incumplimiento laboral en sus contratos y adjudicaciones a empresas externas. Aun así desde UGT y muy especialmente del Sector de Acción e Intervención Social y dependencia de la Federación de Servicios Públicos pelearemos porque sea una realidad en todos las Administraciones de La Rioja. POR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN NUESTRA COMUNIDAD.