En La Rioja, actualmente 17 entidades -entre ellas la FER o el sindicato CSIF- podrían cobrar hasta 3.000 euros por cada inserción laboral que consigan

El pasado 24 de junio el BOE publicaba la adjudicación de las 80 agencias privadas de colocación que, a partir de ahora, gestionarán ofertas de empleo en España. En el caso de La Rioja, a día de hoy hay 17 entidades adjudicatarias pendientes de establecer cuánto percibirán por su labor de intermediación. Estas entidades son desde empresas de trabajo temporal hasta sindicatos como CSIF o la FER y la Cámara de Comercio.

El Gobierno ha creado la figura de la Agencia Privada de Colocación después de que eliminara la figura de tutores de empleo de su Servicio de Empleo público para ceder esta labor a las Agencias Privadas de Colocación. Unas agencias que no sólo van a lucrarse por hacer una labor que ya hacía el Servicio público, sino que se van a escapar a cualquier control de la Administración.

Según el contrato tipo generado, la Administración podrá pagar hasta 3.000 euros a la agencia por cada inserción que consiga, dependiendo de las circunstancias del demandante, especialmente la edad y la antigüedad en el desempleo. El único condicionante es que sean contratados más de seis meses, con independencia si el contrato es a tiempo parcial o no.

UGT denuncia que no existe necesidad alguna de que unas agencias privadas realicen el trabajo que puede hacer el servicio público a coste cero y con todas las garantías. Esto supone, igual que estamos viendo en otros servicios públicos, un desvío de fondos sin precedentes a empresas privadas. En este caso, el negocio se realizará a partir de los parados riojanos.

De hecho, el contrato entre la Administración y la agencia tendrá carácter privado, por lo que además, se desconocerán cláusulas esenciales para conocer la dinámica de inserción de la agencia.

Y en este sentido, existen dudas más que razonables sobre la arbitrariedad del servicio que ofrecen estas agencias, ya que se desconocerán los criterios de selección de las personas desempleadas; es decir, si se va a priorizar al demandante que cobra una prestación para liberar a la Administración de ese abono, por encima de los parados de larga duración, sin cargas para la Administración.

Tampoco se tendrá constancia pública de los objetivos de inserción que debn cumplir, si existe obligación de aceptar empleos considerados como subempleo .

E igualmente, desconocemos si la Administración pagará sólo por la inserción o también por el asesoramiento y orientación laboral. Obviamente, también desconocemos si las empresas que ofertan un puesto de trabajo pagarán a estas agencias privadas para que “afinen” en la selección.

En definitiva, el Gobierno de La Rioja está promoviendo que empresas negocien de manera paralela con los desempleados, suplantando la labor pública después de desguazar un servicio que funcionaría si no fuera desguazándolo interesadamente.

El personal no ha aumentado en los últimos años pero el paro casi se ha triplicado en La Rioja. Además no tiene herramientas suficientes para abordar esta intermediación. El propio Servicio de Empleo estatal reconoce la sobresaturación de sus oficinas y, en lugar de dotar de los recursos y el personal necesario, se detrae una cantidad de dinero público para que sea gestionado arbitrariamente por empresas privadas con ánimo de lucro.