La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de La Rioja entiende que a los talleres y concesionarios se les debe aplicar las mismas medidas que de otros sectores en situaciones similares, como es el caso de las ITV, para las que se ha dictaminado el cierre por motivo de causa mayor.  

El sector de la distribución y posventa del automóvil está comprometido, en primer lugar, para salvaguardar la seguridad de los profesionales, siguiendo las medidas y actuaciones dadas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social derivadas del COVID-19 y, en segundo lugar, el compromiso de seguir ofreciendo los servicios de urgencias necesarios.

Este sindicato tiene una fuerte preocupación por las patentes situaciones de riesgo en estos centros de trabajo, donde no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad entre empleados, tal y como recomienda el Ministerio de Sanidad. Además, los operarios comparten los mismos utillajes, por no hablar de la existencia de riesgos biológicos de contagio, teniendo en cuenta que el virus permanece en los vehículos usados hasta cinco días en materiales como plástico, vidrio o cristal, y hasta 48 horas en metales como el acero o el aluminio, todos ellos predominantes en el interior y exterior de un automóvil. Además, hasta la fecha no existe ningún procedimiento verificado que permita higienizar o limpiar los vehículos de clientes con garantías sanitarias efectivas.  

Así, UGT-FICA conoce el compromiso incuestionable de los talleres y concesionarios sobre la garantía del adecuado funcionamiento de la operaciones de transporte de mercancías, asegurando el necesario abastecimiento de productos a la población, tal y como recoge el artículo 2 de la orden TMA/259/2020, de 20 de marzo, del Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, de mantener un servicio de urgencia en los talleres.

Dada la evolución de la pandemia, y que lo peor aún está por llegar, para UGT es absolutamente necesario el cierre de los talleres y servicios de posventa, habilitando servicios de urgencia, considerada esta alternativa la más responsable para proteger la salud y la no exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo. Así, se debe declarar el cierre por fuerza mayor, pero no solo por los motivos económicos. Lo que debe primar absolutamente y sobre todas las cosas es garantizar la salud de los trabajadores y, consecuentemente, de toda la ciudadanía.

Esta es una prioridad absoluta y compartida por muchas empresas similares, asegurar que los talleres estén cerrados al público pero operativos para necesidades básicas de la ciudadanía, dando una respuesta rápida por canales telefónicos y digitales.