La medida, como muchas otras adoptadas por el Gobierno, contradice principios constitucionales

UGT se opone a la subida de las tasas judiciales en los órdenes civiles y contencioso-administrativos y la instauración de nuevas tasas en el orden laboral por ser una medida injusta. Es inadmisible que el ciudadano tenga que repagar su derecho a la justicia; primero vía impuestos y luego a través del establecimiento de tasas.

Las organizaciones sindicales remitieron el pasado 8 de noviembre, una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la que le transmitieron su profundo desacuerdo con el “Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita”, que junto con el Proyecto de Ley de tasas judiciales se ha tramitado en el Parlamento, y le solicitaron una entrevista para tratar su contenido.

Dicha misiva no obtuvo respuesta y catorce días más tarde, sin mediar reunión alguna, entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. El sindicato reitera hoy que esta normativa tiene un claro afán recaudatorio, que constituye un ataque al Estado de Bienestar y al principio de tutela judicial efectiva, puesto que disuade a los ciudadanos con rentas inferiores de litigar en defensa de sus derechos.

UGT considera que se trata de una iniciativa que va a generar desigualdades ya que a mayor coste, menores posibilidades de acceso por parte de la mayoría de la población y, a pesar de que el Gobierno ha señalado que su objetivo es “evitar una litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados”, lo cierto es que la Ley ha merecido la crítica generalizada de todos los estamentos relacionados con la Justicia y además, no va a mejorar el servicio.

El sindicato recuerda que el derecho a la asistencia gratuita de los trabajadores rige en España desde hace más de un siglo considera muy preocupante la instauración de una tasa en la segunda instancia del orden laboral, máxime desde la reforma laboral impuesta por el Gobierno, ya que esta medida, que establece una tasa de 500 euros para recurrir las sentencias en suplicación y 750 euros en casación, parece querer blindar la nueva regulación e impedir la posibilidad de que los trabajadores, entre otros afectados por la ley, impugnen los pronunciamientos judiciales desfavorables.

Mención especial merece la población extranjera no comunitaria, que debe recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar parte de sus derechos y en todas aquellas cuestiones que atañen a los procedimientos regulados en la normativa de extranjería (entrada, permanencia, reagrupación familiar, autorizaciones, modificación de autorizaciones….), incluidos los extranjeros en situación administrativa irregular, a quienes la LOEX, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita en igualdad de condiciones con los españoles.

Los trabajadores inmigrantes se encuentran en los niveles más bajos de percepción de salarios y, a no ser que les haya sido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita o se trate de la interposición de un recursos en casos de silencio administrativo negativo, habitual en la normativa de extranjería, contra cualquier denegación en alguno de estos procedimientos, tanto por residentes irregulares como regulares, se verán obligados a pagar los 350 euros de interposición de demanda, 800 en apelación y 1200 en casación.

Para UGT, esta medida forma parte de una calculada estrategia conservadora para desequilibrar las relaciones laborales a favor de los intereses empresariales, como hizo ya con la reforma laboral, ya que establece graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior los pronunciamientos judiciales que no les hubieran sido favorables en la primera instancia, por eso el sindicato apoya la decisión del PSOE de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley por afectar al derecho de la tutela judicial efectiva. Recuerda que en lo que va de legislatura, es decir, en sólo once meses, se han presentando más de 70 recursos de inconstitucionalidad contra medidas impuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.