UGT Servicios Públicos La Rioja celebra este miércoles su II Jornada de Negociación Colectiva en el Hotel NH Herencia Rioja, en Logroño. En ella se han abordado algunos aspectos como el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, los planes de Igualdad en el Sector Público y la jornada laboral de 32 horas.

En la II Jornada de Negociación Colectiva han intervenido el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo; la secretaria de Mujer y Políticas Sociales de UGT Servicios Públicos, Luz Martínez Ten; la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque y el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez.

Araque y Domínguez han ofrecido una rueda de prensa durante la pausa-café, en la que han constatado la importancia de que el país cuente con una Administración Pública adaptada al siglo XXI y que sea referente en todo el mundo.

El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, ha subrayado que esta jornada de formación en materia de Negociación Colectiva dirigida a los delegados y a las delegadas se basa en el acuerdo marco para la Administración del siglo XXI, que se firmó en octubre a nivel estatal y se espera que implante a la mayor brevedad en el conjunto de las administraciones autonómicas.

“Este acuerdo va a permitir que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras públicas de La Rioja no pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la inflación y que recuperen sus derechos arrebatados en 2012 durante los gobiernos del Partido Popular”, ha explicado Domínguez, quien ha asegurado que este acuerdo permite ganar derechos en cuanto a jornada, permisos, licencias y determinados complementos.

Además, el acuerdo posibilita que se pueda acordar dentro de las distintas administraciones públicas, vía Negociación Colectiva, el número de horas semanales de trabajo, ya que en 2018 se estableció en la Ley de Presupuestos que la jornada laboral básica era de 37,5 horas en la Administración.

En el caso de La Rioja, los empleados y las empleadas públicas ya tienen garantizado el derecho a la jornada laboral de 35 horas, por lo que UGT ha pedido al Gobierno regional que estudie la implantación de 32 horas en la Administración Pública, pero también para la empresa privada.

“Los países que han implantado pruebas piloto de la jornada laboral de 32 horas han comprobado que esa reducción horaria permite repartir el empleo entre las administraciones públicas y en el sector privado, y esto es algo que desde UGT se lleva pidiendo desde hace más de 1 año”, ha declarado Domínguez.

El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja ha valorado un acuerdo que recoge otros aspectos como el complemento de Incapacidad Temporal (IT) y el desarrollo del grupo B para el funcionariado y su futura reclasificación de muchos titulados de Formación Profesional de Grado Superior que están encuadrados en otros grupos que no le corresponden por titulación.

Asimismo, cree que, dentro de ese acuerdo, se deberá profundizar en la metodología para acceder a la promoción interna, ya que “no tiene sentido en el siglo XXI que todavía existan sistemas de acceso a la Administración que estaban constituidas en el siglo XX y que están totalmente obsoletas”, ha agregado Domínguez, quien ha criticado que, la promoción interna, a veces es “muy rigurosa” y “se impide que los empleados públicos puedan promocionar en su carrera profesional”, por lo que “supone una pérdida de conocimiento y experiencia”.

“Desde UGT hemos propuesto su modificación en el ámbito de la Comunidad Autónoma para que la promoción interna se flexibilice y que pueda establecer un sistema que involucre a las administraciones en la preparación de las personas que quieran acceder a ella”, ha propuesto Domínguez, quien ha expresado que tiene que ser la Administración la que forme a los interesados a través de las escuelas de Administración Pública.

También ha instado a las administraciones a que sean ejemplo en el cumplimiento de la normativa básica y que se desarrollen en todas las comunidades autónomas planes de igualdad, ya que “la Administración debe ser el espejo en el que se fije la empresa privada”.

Por otro lado, Isabel Araque ha recalcado que el acuerdo “viene a amortiguar la inflación, recupera derechos y genera empleo”, y que afecta a 3 millones empleados y empeladas públicas. “Es la primera vez que se revisa al alza la subida salarial a través de un acuerdo que contempla la modernización de las administraciones públicas, pero es algo que todavía se tiene que desarrollar”, ha finalizado Araque, quien ha valorado este acuerdo plurianual de vigencia 2022-2024.