UGT Servicios Públicos La Rioja celebra la aprobación en el Parlamento regional de la nueva Ley de Función Pública, que regulará los derechos y los deberes de las empleadas y empleados públicos adaptados al trabajo del siglo XXI.

En primer lugar, UGT da las gracias a los grupos parlamentarios que han votado a favor de la renovación de la Ley de Función Pública, ya que la última fue aprobada el 29 de junio de 1990, hace casi 33 años. De esta manera, las empleadas y los empleados públicos han contado durante 3 décadas con una ley que no recoge muchos de los derechos que se disfrutan en otras comunidades autónomas.

Durante todo ese tiempo, UGT ha trabajado duro para poner al día la legislación en materia de Función Pública y que no cumplía ni con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), acuerdo al que se llegó a nivel estatal en el año 2007. De hecho, el artículo 6 del EBEP mandataba “a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a aprobar, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública en la Comunidad Autónoma”.

En este sentido, hace ya 15 años que esta ley obligaba al Parlamento de La Rioja a legislar una nueva Ley de Función Pública para adaptarla al EBEP. Así, toda la regulación introducida referida a la carrera profesional, a la promoción interna, a la evaluación del desempeño, a los derechos retributivos del personal empleado público, a la provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración, quedó supeditada a la aprobación de una nueva Ley de Función Pública.

15 años después de la aprobación del EBEP, la nueva Ley de Función Pública de La Rioja va a incorporar cuestiones como la carrera vertical del personal funcionario, la promoción interna horizontal del personal funcionario, el derecho a la promoción profesional del personal laboral, la evaluación del desempeño, la movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista, la provisión de puestos y movilidad del personal, la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

También las retribuciones del personal funcionario en prácticas y otras retribuciones diferidas, como los planes de pensiones y seguros colectivos.

La nueva Ley de Función Pública no sólo contempla todos estos aspectos, sino que los desarrolla e incorpora otros nuevos que no están regulados ni en el EBEP, como la creación del Consejo Regional de Función Pública, el teletrabajo, la reducción voluntaria del complemento específico, los planes de formación anuales, el derecho y el deber de formación del personal empleo público, los cambios de puesto de trabajo por incapacidad o razones de salud o rehabilitación del personal funcionario, su cónyuge o los hijos a cargo, la movilidad por acoso laboral, la permuta de los puestos de trabajo y la mejora de empleo.

Además, también incluye otras cuestiones que el EBEP indicaba que se podrían establecer, como la regulación del personal directivo público profesional y la modificación y creación de los cuerpos y escalas del personal funcionario.

Otros aspectos a reseñar de esta ley serían la creación del grupo B funcionarial, con la reclasificación que esto conlleva, la obligatoriedad de la existencia de planes de igualdad, la movilidad del personal del SERIS y del personal docente no universitario, y la inclusión de medidas dirigidas al control de la temporalidad del empleo público.

UGT celebra que casi 33 años después se haya aprobado una Ley de Función Pública que ha contado con las aportaciones de las organizaciones sindicales. Es por todo ello, que tras un largo y complejo proceso de negociación en el que casi todas las organizaciones que participamos en él, lo hicimos respetando el principio que debe presidir toda negociación, que no es otro que el de buena fe negocial y en el que fuimos aportando nuestras enmiendas y analizamos pormenorizadamente todos los artículos de la Ley.

La entrada en vigor de esta ley va a tener múltiples beneficios entre las empleadas y empleados públicos, pero también entre la ciudadanía, puesto que la nueva normativa apuesta decididamente por la modernización de las Administraciones Públicas.

Desde UGT queremos subrayar que nos hubiera gustado que se pudieran haber incluido en ella más cosas; como mejores permisos, un desarrollo mayor de la evaluación del desempeño, una jornada laboral básica distinta, etc. Pero teniendo en cuenta que esta es una ley de carácter básico, que va a tener que ser desarrollada posteriormente y que además se va a tener que desarrollar en distintas Administraciones, es complejo ir a una regulación más detallada.

Con todo, se trata de un acuerdo de Función Pública que recibió el respaldo de 4 de las 5 organizaciones sindicales con presencia en la mesa general, sindicatos que juntos sumamos más del 70 % de la representación de los empleados públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.