El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, ha presentado este lunes en rueda de prensa las propuestas de la federación de cara a la próxima legislatura, y ha anunciado que UGT demandará al próximo Gobierno regional que salga de las urnas este 28 de mayo un nuevo Acuerdo-Convenio para el personal funcionario y laboral, que caducó en el año 2011.

El actual Acuerdo-Convenio, en ultraactividad desde hace 12 años, es el que regula los derechos y deberes del personal funcionario y laboral en La Rioja.

Por ello, Domínguez ha recordado que la situación que existe en 2023 nada tiene que ver con la de entonces, y “es el momento de adecuar el Acuerdo-Convenio como ya se ha hecho con la Ley de Función Pública”.

“Esta va a ser una de nuestras principales reivindicaciones y no vamos a permitir recortes en los derechos de los empleados públicos ni privatizaciones o subcontrataciones”, ha subrayado Domínguez.

Ha asegurado que las próximas elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo son cruciales para seguir avanzando en la consecución de derechos laborales.

Además, ha recalcado que el próximo Gobierno regional, de la mano con las organizaciones sindicales, deberán desarrollar la Ley de Función Pública aprobada recientemente y que entrará en vigor en agosto de este año. “Es una ley que ha costado muchos años sacar adelante y ahora hay que seguir desarrollándola”, ha afirmado Domínguez.

Ha recordado que esta ley fue acordada con las organizaciones sindicales y que contiene aspectos fundamentales en materia de derechos para los empleados públicos como la creación del grupo funcionarial B y la reclasificación del personal de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

“Vamos a exigir que se cumpla la ley y que no se quede en papel mojado como cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007 a nivel estatal”, ha añadido Domínguez.

Por otro lado, ha apuntado que, en estos últimos años, las crisis económicas se han afrontado de diferente forma que hace 12 años, en un contexto de pandemia, guerra y escalada del IPC.

“Después de la crisis del año 2008, la receta fue la de recortar los Servicios Públicos y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y esta vez no ha sido así, logrando avances importantes como la nueva Ley de Función Pública”, ha manifestado.

Domínguez ha enumerado algunos avances en la Administración Autonómica, Educación, Sanidad y Justicia, como la regulación de la carrera profesional, la evaluación del desempeño y otras regulaciones como el teletrabajo a partir de la pandemia.

Además, se ha referido a otras cuestiones que no se habían llevado a cabo en otras legislaturas como la convocatoria anual del concurso de méritos, los concursos de traslados como se debían de convocar, se ha modificado la fórmula de promoción interna dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se han realizado planes de acción social todos los años.

“En estos 4 años se ha recuperado parte del poder adquisitivo de los empleados públicos, se han aumentado salarios, se ha incrementado el número de efectivos en la Administración y se ha ampliado la Oferta de Empleo Público en un contexto de crisis encadenada y una pandemia”, ha valorado Domínguez.

Por ello, ha animado a la ciudadanía a votar el próximo 28 de mayo pensando cómo se han abordado anteriormente las crisis económicas y cómo se han abordado ahora.

Por último, ha reconocido la labor de los empleados públicos como “garantes” de la sociedad. “Los empleados públicos son los primeros que acuden a los lugares cuando sucede una catástrofe que afecta a la ciudadanía, por lo que merecen un respeto y no ser atacados por parte de determinados sectores de la sociedad o en los medios de comunicación”, ha destacado.