El Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria responde al reconocimiento expreso de que la Educación sigue viviendo una situación extraordinaria. La norma, que parece ser producto del acuerdo entre las distintas administraciones educativas, a diferencia de lo ocurrido al abordar el final del curso pasado, regula aspectos de diferente alcance y trascendencia.

Al no haberse garantizado la educación presencial en todos los niveles y etapas educativas por falta de voluntad política e inversión, y seguir desarrollando en un amplio porcentaje una educación a distancia, mantener de manera excepcional la adaptación de los criterios de promoción y titulación que ya se adoptaron de manera mayoritaria por parte de las Comunidades Autónomas el pasado mes de junio parece una medida razonable.

Por tanto, el sector de Enseñanza de UGT quiere recordar que estas medidas no se plantean en el Real Decreto-ley de manera imperativa y, por ello, será fundamental el desarrollo que de las mismas hagan las Comunidades Autónomas.

La autonomía de los centros y de los equipos docentes a la hora de decidir la promoción del alumnado ha sido una práctica frecuente. Así, este sindicato quiere huir de polémicas que más que a criterios pedagógicos responden a intereses de otra naturaleza.

Compartiendo en gran parte las medidas recogidas en la normativa, UGT quiere denunciar la ausencia de negociación con las organizaciones sindicales representativas del profesorado, a diferencia de la actitud mantenida por otros departamentos del Gobierno.

Además, este sindicato considera que se debería haber aprovechado el real decreto para bajar las ratios a 20 alumnos máximo, y la jornada lectiva de los docentes a 18 y 23 horas. Muchas de las medidas recogidas son necesarias, pero ninguna de ellas supone mayor inversión educativa, que es lo que necesita nuestro sistema.