Solo con la “Renta de ciudadanía” no se puede garantizar los derechos básicos de las personas en el actual contexto de precariedad laboral y crecimiento desbocado del precio de los alquileres.

El informe presentado a la Consejera de Servicios Sociales plantea la necesidad de un cambio de enfoque que deje de culpabilizar a las personas y, por el contrario, focalice toda la actividad del gobierno en procurar unas condiciones de vida digna a todas.